El Gobierno ha cedido a las presiones del sector más conservador del PP al reformar el sistema de renovación de RTVE. A partir de ahora el presidente de la corporación se podrá elegir por mayoría absoluta en el Congreso cuando no se alcance un consenso acorde con la ley entre PP y PSOE para dicha designación.
El Decreto Ley aprobado hoy por el Consejo de Ministros estima que el presidente de RTVE podrá ser elegido sin consenso cuando no se alcance la mayoría cualificada de dos tercios que exige la actual Ley de Radio y Televisión Pública. Una decisión con la que el Gobierno de Mariano Rajoy elimina la reforma que aprobó su antecesor, José Luis Rodríguez Zapatero, para desgubernamentalizar la televisión pública.
Según ha indicado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el Ejecutivo ha decidido adoptar esta medida ante la situación de “bloqueo” en que se encuentra la renovación de la cúpula de RTVE, que “no tiene posibilidad de presentar ni aprobar sus cuentas anuales” y tiene “serias dificultades para cumplir con el programa de ajuste” impuesto por el Ministerio de Hacienda.
Sáenz de Santamaría ha indicado que el Gobierno entiende que había que “proceder cuanto antes” para llevar a cabo este “desbloqueo” del nombramiento del presidente, puesto que está vacante desde que Alberto Oliart dimitió el pasado mes de julio, y la renovación de la mitad del Consejo de Administración, que debería haberse efectuado en 2010.
La también portavoz del Gobierno ha asegurado que la elección de la cúpula de RTVE seguirá siendo “parlamentaria”, y ha indicado que la Ley de Radio y Televisión Pública, aprobada en 2006, ya incluía una disposición transitoria similar a la cláusula introducida ahora, para el caso de que no se llegara a un consenso sobre el primer presidente de la corporación.
Asimismo, Sáenz de Santamaría ha anunciado que el consejo de administración de RTVE reduce su número de miembros de 12 a 9 y que “no tendrán dedicación exclusiva”, una disposición que se reserva al presidente. Además, sólo cobrarán dietas por su asistencia al Consejo, ha indicado.
Por otro lado, el Gobierno también ha abierto la puerta a la gestión privada de las televisiones autonómicas. Según ha indicado Santamaría, se ha ampliado “la libertad de elección para decidir cómo prestan las comunidades los servicios de la televisión autonómica”. En este sentido, la vicepresidenta ha adelantado que el Gobierno remitirá a las Cortes un Decreto Ley con carácter de urgencia para que sean las Comunidades Autónomas las que decidan si cuentan o no con televisión, y en caso de no hacerlo, saldrán a subasta pública.
