Las presiones de Cayo Lara y Gaspar Llamazares han dado sus frutos. IU de Extremadura ha decidido unirse al PSOE de la región y no acudir al pleno de la Asamblea convocado para hoy. Hace dos días la coalición se desligó del apoyo a la huelga general lanzado desde la organización federal del partido y ‘votó’ en contra de la suspensión de esta cita parlamentaria, aunque parece haber cambiado de opinión.
Los representantes extremeños de IU han decidido no acudir a la sede parlamentaria, a pesar de que hace unos días habían asegurado que lo harían. El partido parece haber sopesado su decisión respecto al pleno de hoy, que el PSOE había pedido suspender debido a la huelga general, y ha optado por dar ‘plantón’ a los parlamentarios del PP que han acudido a la Asamblea regional.
Una decisión que parece tomada con el fin de limar asperezas con la organización federal del partido, que resurgieron tras las elecciones autonómicas de Andalucía y Asturias celebradas el pasado domingo, momento en el que se pidió que IU acabase con el apoyo al PP que propició la llegada de José Antonio Monago al poder. Ahora, los diputados de la coalición han decidido seguir a su líder Cayo Lara, que no se ha presentado en el pleno del Congreso de los Diputados, y han decidido no acudir al parlamento autonómico.
De esta forma, se han unido a los diputados socialistas, que comandados por el secretario general del PSOE en Extremadura, Guillermo Fernández Vara, han vuelto a defender que este pleno, que han calificado como una “trampa”, tendría que haberse aplazado al coincidir con la jornada de huelga general.
No obstante, y a pesar de la ausencia de los diputados de IU y el PSOE, la cita se ha celebrado tal y como estaba previsto. Es más, el Gobierno extremeño ha aprovechado este pleno para anunciar una medida muy importante para la región.
El consejero de Economía, Antonio Fernández, ha adelantado que el presupuesto de 2012 sufrirá un recorte de 163 millones de euros, ya que los ingresos han sido inferiores a lo previsto en esa misma cantidad. Y aunque el Ejecutivo autonómico no ha explicado a qué aspectos afectará este recorte, Fernández ha asegurado que la Junta garantizará la calidad de los servicios de Empleo, Salud, Educación y Cooperación.