La indignación contra las cargas policiales de Valencia ha sido atendida. La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias de investigación penal sobre los hechos que tuvieron lugar hace unas semanas durante las protestas estudiantiles por los recortes educativos de la Generalitat.
La actuación de la policía de Valencia, que suscitó críticas desde todos los sectores de la sociedad y que provocó sucesivas manifestaciones a lo largo y ancho del territorio nacional, será finalmente investigada. La Fiscalía de la capital del Turia ha decidido indagar sobre este tema tras las denuncias interpuestas por diversos organismos en los tribunales de la región.
Según ha indicado el ministerio público en una nota de prensa, ante la existencia de actuaciones “en uno o varios juzgados de instrucción” de Valencia en relación con estos hechos, se ha procedido a remitir la investigación al juzgado competente, recoge Europa Press.
Todo comenzó el pasado 15 de febrero, cuando un menor de edad, alumno del IES Lluis Vives, que protestaba por los cortes de calefacción sufridos en el centro debido a los impagos del Gobierno de Alberto Fabra, fue detenido durante la manifestación que recorrió las calles de Valencia. Esto provocó el nacimiento de la ‘primavera valenciana’ y suscitó numerosos debates en las redes sociales.
Las protestas continuaron en días sucesivos, y fue en ese momento en el que se registraron los enfrentamientos entre los jóvenes y la Policía. Unas protestas que se saldaron con más de 40 detenidos, lo que hizo que organismos como Cercle Obert y EUPV denunciasen los hechos ante la Fiscalía ya que consideraban que se había producido una “desproporcionada actuación policial” mientras que “las movilizaciones fueron pacíficas”.
Los afectados por estos hechos, así como algunos padres de los jóvenes detenidos anunciaron que estaban pensando presentar una demanda conjunta. El Sindicato de Estudiantes también aseguró que sus servicios jurídicos estaban estudiando los hechos.
Aunque de momento no ha trascendido ninguna de estas acciones, diversos partidos políticos, sindicatos y asociaciones de padres han exigido la destitución de la Delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de León, y del Jefe Superior de la Policía de la región, Antonio Moreno.
