El Juzgado de lo Social número 40 de Madrid ha declarado procedente el despido por parte de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) de su exdirectivo José Luis Rodríguez Neri, imputado por la Audiencia Nacional, y le ha denegado la indemnización de 1,2 millones de euros que reclamaba.
Rodríguez Neri está acusado de ser el presunto cabecilla de una trama que habría desviado 26,4 millones de euros desde la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) hacia empresas controladas por su entorno personal y familiar.
En una sentencia notificada hoy, la juez Yolanda Urban ha desestimado la demanda presentada por Rodríguez Neri, exdirector de Sistemas de la entidad, contra la SGAE y su filial digital (SDAE), que él dirigió, y asegura que mantuvo «interesadamente oculta» su participación directa o indirecta en las sociedades con las que contrataba, informa Europa Pres.
De esta forma, explica la sentencia, Rodríguez Neri contrataba con sus propias empresas, «o de su esposa, hijos o amigos íntimos y ello le reportaba unos cuantiosos beneficios económicos».
José Luis Rodríguez Neri se encuentra imputado en la investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz sobre un presunto desvío de fondos a través de un entramado de empresas vinculadas a la SGAE, por supuestos delitos de apropiación indebida, administración fraudulenta y delito societario.
La juez considera que el exdirector de la SDAE mantuvo «en todo momento, de un modo u otro», el control sobre la mayoría del capital social de la sociedad Microgénesis, que era el principal proveedor de la filial digital de la SGAE.
La sentencia rechaza el argumento de Neri de que la SGAE era conocedora de su vinculación con Microgénesis, al igual que de las empresas Servicios Informáticos Ciberneto, Imago Mundi, Res Cognita.
También niega que se haya vulnerado el derecho fundamental al honor de Neri por las informaciones facilitadas por la SGAE a los medios de comunicación tras su detención, el pasado 1 de julio, ni por haber quedado apartado de sus funciones, «pues la suspensión de su contrato es consecuencia de su ingreso en prisión, y así viene impuesto por imperativo legal».
En este mismo sentido, recuerda que una vez que Neri salió de prisión, se restableció con plenos efectos su vinculación laboral y disfrutó de vacaciones hasta su reincorporación el 6 de septiembre, fecha a partir de la cual se inició un permiso retribuido concedido por la empresa mientras se investigaban a nivel interno los hechos que dieron lugar al proceso penal.
Ante el mismo juzgado que ha dictado esta resolución, se celebró el pasado viernes la vista por la demanda por presunto despido improcedente interpuesta por el expresidente de la entidad de gestión Eduardo Bautista, también imputado en la misma operación
