Los trabajadores de Clesa Madrid, perteneciente al imperio de los Ruiz-Mateos, se sienten ninguneados por Esperanza Aguirre. La antigua plantilla lleva un año esperando que la presidenta regional les convoque a una reunión para hablar de los problemas generados ante la liquidación de la firma láctea. La dirigente popular “nos ha ignorado desde el principio”.
Así lo ha asegurado a EL BOLETÍN Luis Muñoz, miembro de la comisión de seguimiento del ERE extintivo de Clesa en representación de CCOO, tras indicar que los trabajadores de la firma no han recibido “ningún apoyo de la Comunidad de Madrid” en todo este tiempo. El “silencio administrativo” ha sido la única respuesta de Aguirre ante las peticiones de la plantilla para organizar un encuentro.
Muñoz ha confirmado que los empleados de la firma láctea solicitaron una reunión con la dirigente autonómica en marzo, cuando se inició el conflicto, “siguiendo el protocolo oficial”, aunque “a día de hoy” todavía esperan una respuesta. Posteriormente, demandaron que se organizase este encuentro de nuevo con la esperanza de recibir algo de apoyo, aunque sólo fuese anímico, aunque su petición tampoco fue atendida. La presidenta “ni siquiera se ha preocupado por cómo nos encontrábamos los trabajadores”, ha asegurado el sindicalista.
Algo que, tal y como ha recordado Muñoz, sí que hicieron el secretario general del PSM, Tomás Gómez, y el coordinador federal de IU, Cayo Lara, que acudieron a la fábrica de Clesa el pasado mes de mayo, justo antes de que se declarase el concurso de acreedores de la firma, para interesarse por la situación de la plantilla.
El “olvido” de Aguirre hacia los 361 empleados de la firma de Nueva Rumasa ha hecho, según Muñoz, que ahora estén como estén. Aunque el miembro de CCOO reconoce que Clesa Madrid era “irresucitable”, está convencido de que si el Gobierno regional “hubiese intervenido los trabajadores estaríamos liquidados”. Es decir, que ya habrían cobrado las nóminas, finiquitos e indemnizaciones comprometidos por los administradores concursales al firmar el ERE, cantidades que superan los 12 millones de euros.
La actitud mostrada por Esperanza Aguirre contrasta con la de otros dirigentes de las autonomías donde se ubicaban las sociedades pertenecientes a los Ruiz-Mateos. Este es el caso de la fábrica de Clesa en Caldas de Reis (Pontevedra), que desde el principio ha recibido el apoyo del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para encontrar un comprador y seguir adelante con la producción.
Por su parte, la Junta de Castilla y León, región que alberga las fábricas de las chocolateras Elgorriaga y Trapa, ha actuado como intermediaria para captar algún inversor que desee adquirir estas firmas. Asimismo, la Generalitat catalana ha impulsado y protegido la venta de Cacaolat a la alianza formada por Damm-Cobega y Victory.
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