Los recortes que aplicará la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, a los trabajadores públicos podrían salirle caros. El líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, ha amenazado a la popular con llevarla ante el Tribunal Constitucional por las medidas que ha impulsado contra los funcionarios de la región. El socialista ya lo intentó en febrero de 2010, cuando quiso recurrir ante el alto tribunal la ley del Área Única Sanitaria, una iniciativa que fue frenada por su compañera de partido y la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez.
Según ha indicado Gómez tras la reunión que ha mantenido con representantes de CCOO y UGT para hablar de esta medida impulsada por el Ejecutivo regional, el PSM va a estudiar medidas jurídicas para emprender, si existe la posibilidad, un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Acompañamiento que contempla este nuevo ‘tijeretazo’ de Aguirre, algo para lo que serían precisas 50 firmas de parlamentarios que el propio Gómez se ha comprometido a recoger junto a Maru Menéndez y Enrique Cascallana, los otros dos senadores socialistas por Madrid.
Gómez ha insistido en que existe un intento de “demonización” de los trabajadores públicos por parte de Esperanza Aguirre, cuya medida “abre la puerta a que las empresas privadas penalicen a los trabajadores enfermos” de la misma forma que ella va a hacerlo con los públicos para evitar el absentismo. Así, según ha advertido el socialista, volveremos a un retroceso en la prestación de servicios públicos y se redundará el deterioro de los mismos.
Una postura que también ha sido defendida por los representantes sindicales de CCOO y UGT, organizaciones que esta mañana han convocado una concentración frente a la Asamblea de Madrid, donde se van a aprobar tanto los presupuestos de la Comunidad para el 2012 como la Ley de Acompañamiento que recoge los recortes de Aguirre a los funcionarios.
Concretamente, el portavoz de UGT y el de CCOO, han asegurado que a partir de enero intensificarán las movilizaciones contra el aumento de la jornada de los empleados públicos y la supresión del complemento salarial por enfermedad que aplicará la Comunidad de Madrid. Unas protestas que, según UGT, podrían acabar en una huelga de funcionarios.
Los sindicatos defienden que la medida de Aguirre, con la que aumentará la jornada de los empleados de la administración de 35 a 37,5 horas semanales, supondrá el despido de unos 7.000 interinos y repercutirá sobre todos los trabajadores en el ámbito de lo público, incluidas empresas como Metro o Telemadrid.
Un “ataque” que se suma, según los sindicatos, a la supresión del complemento del sueldo que la Comunidad de Madrid dejará de pagar a los trabajadores cuando estén enfermos bajo la hipótesis de reducir el absentismo laboral.
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