Los bufetes de abogados que representan a los inversores de Nueva Rumasa se han mostrado escépticos ante el último embargo preventivo dictado por el juzgado de lo Mercantil de Madrid sobre los bienes de los Ruiz-Mateos. Según han indicado fuentes de estos despachos a EL BOLETÍN, no es el primer embargo que se dicta contra la familia jerezana o sus empresas, y todavía no se ha llevado ninguno a cabo ante la dificultad de determinar el verdadero propietario de los bienes a requisar.
Fuentes del despacho IURE Abogados han reconocido a este diario que el auto dictado por el juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid, en el que ordena el embargo preventivo de bienes y derechos contra el fundador de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, sus seis hijos varones y su mujer Teresa Ribero por 7,9 millones de euros para cubrir las deudas contraídas con los inversores de pagarés, “es más de lo mismo”.
“No es el primer embargo preventivo que se hace” en los dos últimos meses “y no ha cambiado nada”, indican esas mismas fuentes. No obstante, “los clientes son bastante pacientes” y entienden que se trata de “un proceso lento”, sobre todo por el “entramado de empresas” del grupo de la abeja.
La decisión del juzgado madrileño es la respuesta a la demanda de responsabilidad civil contra la familia Ruiz-Mateos que presentaron el pasado mes de julio un grupo de inversores particulares representados por el bufete Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero Abogados. En ella reclamaban el embargo del patrimonio y los bienes personales de los administradores de las sociedades de Nueva Rumasa para cubrir la deuda contraída por la familia con los pagarés.
Y junto a ella, estos inversores también presentaron la primera querella por estafa contra la familia jerezana, que fue admitida a trámite por la Audiencia Nacional.
No obstante, el bufete que ha liderado las acciones legales contra los empresarios andaluces, Martínez-Echevarría, también se ha mostrado escéptico sobre esta decisión judicial. Aunque fuentes de ese despacho han asegurado que se trata de un paso adelante porque por primera vez se “reconoce la responsabilidad de la familia” respecto a los inversores, hay que ser concientes del problema que supondrá “encontrar bienes a su nombre” para poder efectuar el embargo.
El proceso debe continuar, según estas fuentes, con una “averiguación patrimonial” no sólo en España, sino también en Europa y en el resto del mundo, para lo que han solicitado a la Audiencia Nacional que pida la colaboración de la Interpol y la Europol con el fin de que los inversores puedan recuperar cuanto les sea posible.
La orden de embargo dictada por la justicia madrileña se pondrá la cola de otras órdenes anteriores como la del pasado mes de octubre, cuando un tribunal de Granada decretó el embargo preventivo de bienes por valor de 618,26 millones de euros a los Ruiz-Mateos para cubrir el déficit patrimonial total del Grupo Dhul. Antes también se encuentran las órdenes de embargo de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria contra algunas empresas de Nueva Rumasa que actualmente están en concurso de acreedores.
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