La relación entre la ministra de Economía, Elena Salgado, y la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, es todo menos buena. Ambas han protagonizado un nuevo roce ante los presuntos planes que, según la popular, tenía su antecesor en la región, el socialista José María Barreda, para privatizar servicios públicos.
Si en julio fue el déficit y en agosto los impagos a los proveedores de medicamentos, este mes el enfrentamiento ente Salgado y Cospedal se ha desatado por las denuncias de esta última sobre las supuestas negociaciones de los socialistas con el Ministerio de Economía para dar entrada al capital privado en los colegios, en las residencias de ancianos o en las autopistas. Unos presuntos planes que fueron desvelados por el diario El Mundo y que ha usado el PP para tratar de poner contra las cuerdas al Gobierno.
Las informaciones del diario de Pedro J. Ramírez, que ha dado como ciertas Cospedal, han sido negadas tajantemente por el ministerio de Salgado que, en una nota emitida anoche, ha asegurado que en el Plan de Equilibrio Financiero, texto en el que se basan las acusaciones, nunca se incluyó la privatización de “residencias de mayores y de algunos centros públicos de enseñanza no universitaria”, ni la de la radio y televisión de Castilla-La Mancha, o explotación de autovías y autopistas “mediante el cobro de peaje”.
Una negación que parece no haber escuchado la secretaria general del PP que sigue dando oxígeno a estas acusaciones. Así, según Europa Press, ha ‘lanzado’ al viceportavoz del partido en las Cortes de esta región, Francisco Cañizares, a retar a los socialistas a acudir a los tribunales si creen que se ha manipulado el documento en el que se muestran los presuntos de Barreda para privatizar servicios públicos.
