El Impuesto de Patrimonio sigue calentando el ánimo de los políticos. La negativa del PP a aplicar de nuevo este tributo ha llevado hoy a la ministra de Economía, Elena Salgado, a pedir explicaciones a las autonomías gobernadas por los populares que se afanan en ‘proteger’ a los ricos mientras aplican diversos tijeretazos sociales, como los llevados a cabo en materia de Educación y Sanidad. La socialista cree que a estas comunidades les será “muy difícil” renunciar a dichos fondos.
Según ha indicado Salgado durante la sesión de control que se ha celebrado hoy en el Congreso de los Diputados, “va a ser muy difícil para las comunidades autónomas renunciar a los fondos que generará el Impuesto de Patrimonio, incluso a las gobernadas por el PP”, sobre todo porque los recortes sociales que han llevado a cabo los populares en las últimas semanas no les permiten ahora oponerse a la restauración de este gravamen, que sólo se aplicará a los patrimonios más elevados.
“Intentaremos dejar a las clases medias fuera de él”, ha asegurado la ministra, tras reconocer que este era el principal fallo de la formulación anterior, algo que no compartirá la ley que se votará el próximo viernes.
Una postura que también ha sido defendida por el portavoz del Gobierno, José Blanco, a través de cifras más concretas. El socialista ha asegurado que el impuesto sólo afectará a patrimonios que asciendan al millón de euros, lo que supone alrededor de 90.000 personas en España. El portavoz ha confirmado también que el Ejecutivo ha cifrado sobre los 1.000 millones de euros la cantidad que esperan recaudar con la restauración del Impuesto de Patrimonio, que se eliminó hace cuatro años.
Por ello, es muy probable que entre esas casi 100.000 personas se encuentren personalidades políticas como el fundador del PP, Manuel Fraga, cuyo patrimonio asciende a un millón de euros, e incluso el propio candidato socialista a La Moncloa, Alfredo Pérez Rubalcaba, que posee la misma cantidad repartida en depósitos, fondos y otros valores.
Los dirigentes socialistas no entienden las críticas de algunas autonomías gobernadas por el PP a la recuperación de este impuesto, sobre todo cuando la escasez de liquidez les ha obligado a realizar recortes sociales bastante impopulares en materia de Educación y Sanidad. Tal es el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que se unió a la oposición del líder popular, Mariano Rajoy, a este impuesto y dijo que sólo lo aplicaría si le obligaba la ley. Aunque no ha sido la única, ya que el jefe del Gobierno valenciano, Alberto Fabra, también siguió la misma línea que su homóloga madrileña.
Sin embargo, no todo han sido ataques a la recuperación de este impuesto desde las filas populares, y ya hay algunos dirigentes que se han desmarcado de la línea impuesta por Rajoy. En concreto, el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, se mostró ayer de acuerdo con que los ricos diesen un paso al frente y contribuyesen con una mayor carga impositiva a la reducción del déficit público.
Algo que también ha hecho el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien ha pedido hoy a las rentas más elevadas, durante la sesión de control al Gobierno en el pleno del Parlamento gallego, que realicen un “mayor esfuerzo” fiscal, según Europa Press.
