El vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha prometido firmeza ante «comportamientos violentos e intimidatorios» como los ocurridos ayer cuando varios grupos de ‘indignados’ arremetieron y agredieron a los diputados catalanes cuando se dirigían al pleno. Rubalcaba ha calificado de «inadmisibles en una democracia» estos actos, denominados como «kale borroka» por el presidente de la Generalitat, Artur Mas.
El vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que la Policía y la Guardia Civil actuarán con “firmeza con quien tiene comportamientos violentos o intimidatorios” y con “inteligencia y prudencia con quien tiene comportamientos pacíficos”, en aquellas autonomías donde el Gobierno tiene competencias. Durante un encuentro con los medios en Mérida, donde ha inaugurado una nueva comisaría, Rubalcaba calificó de “inaceptables” e “inadmisibles en una democracia” los actos violentos registrados ayer en los alrededores del Parlament catalán contra los diputados y añadió que “no es posible que miles o cientos de ciudadanos impidan el funcionamiento de las instituciones democráticas”.
Por último, aseguró compartir “la mayoría de las declaraciones, sino todas, que se hicieron ayer por parte de los distintos representantes de los partidos políticos en Cataluña”.
Precisamente hoy, el consejero de Interior catalán, Felip Puig, ha comparecido en rueda de prensa para explicar el dispositivo policial desplegado ayer antes de los incidentes y su reacción posterior. Puig ha alertado que “estamos delante de nuevos métodos de violencia urbana” basados en las nuevas tecnologías al tiempo que ha reconocido que los efectivos desplegados ayer se quedaron cortos. En este sentido, apuntó que «ayer había feroces ganas de batalla campal y de guerrilla difusa por las calles de la ciudad» así como “profesionales del incidente” que actuaron como “guerrilla urbana”, unas situaciones que no habían sido previstas. Además, quiso aclarar que los agentes no dispersaron la concentración para evitar más violencia. Hasta el momento, según Puig, se ha detenido a siete participantes en las protestas y se ha identificado a otros diez.
Por otro lado, ha calificado de “manipulación” un vídeo que circula por Internet y que siembra dudas sobre la actitud de algunos agentes infiltrados en la concentración. Es más, el consejero ha anunciado que su departamento estudia emprender acciones legales contra el presidente de la organización ‘Justícia i Pau’, Arcadi Oliveres, por calumnias al insinuar en una entrevista en RAC1 que los agentes de paisano podrían haber generado las acciones violentas.
Investigación
La Fiscalía ha decidido abrir diligencias sobre lo ocurrido ayer en los alrededores del Parlament catalán cuando cientos de ‘indignados’ asediaron y agredieron a los diputados que se dirigían a la Cámara para participar en el debate sobre los presupuestos. Según han informado a Efe fuentes judiciales, las diligencias se basarían en el artículo 498 del Código Penal que contempla penas de prisión de tres a cinco años a quienes “empleare fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave para impedir a un miembro del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma asistir a sus reuniones o, por los mismos medios, coartaren la libre manifestación de sus opiniones o la emisión de su voto”.
Así, el Ministerio Público ha solicitado a los Mossos d’Esquadra el atestado policial de ayer y la identificación de las personas que protagonizaron los actos violentos. No obstante, la Fiscalía se inhibirá probablemente en favor del juzgado que se encargue de investigar lo ocurrido ayer.
Paralelamente, la Cámara autonómica estudia querellarse contra los protagonistas de los incidentes de ayer, una decisión que podría adoptar la Mesa en la reunión del próximo martes.
También el sindicato ultraderechista Manos Limpias se ha apresurado a interponer una denuncia ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. En concreto, la denuncia se refiere a “los responsables del denominado movimiento 15-M/Indignados” por los incidentes de ayer en los que se golpeó y agredió a diputados catalanes. A su juicio, los hechos pueden ser constitutivos de sedición, coacciones y amenazas y de un delito contra las instituciones del Estado.
Sin incidentes
La calma ha vuelto hoy al Parque de la Ciutadella donde se encuentra la sede del Parlamento catalán, en Barcelona, gracias al dispositivo de seguridad desplegado por los Mossos d’Esquadra. De hecho, el recinto está totalmente blindado y nadie que no presente la correspondiente identificación como diputado, trabajador de la Cámara o periodista puede acceder a él.
Un blindaje que también se ha producido en Valencia y en Madrid. En la capital del Turia, un fuerte dispositivo policial, que ha incluido un helicóptero que sobrevolaba la zona, ha permitido que los diputados valencianos pudieran acceder sin problema a las Cortes, donde ha tenido lugar el debate de investidura de Francisco Camps. Tras las vallas de seguridad, entre 400 y 500 ‘indignados’ recibieron en silencio, tarjeta roja en mano, a los dirigentes políticos.
En Madrid no hubo ni rastro de ‘indignados’ a las puertas de la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol donde ha tenido lugar la toma de posesión de Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad de Madrid. No obstante, desde primera hora de la mañana la policía había desplegado un fuerte dispositivo de seguridad con furgones policiales que han blindado todos los accesos a la sede del Gobierno regional. Un helicóptero sobrevoló la zona para avisar de cualquier incidente en los alrededores.
Más reacciones
Mientras, las reacciones políticas a lo ocurrido ayer en Barcelona no cesan. El vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, advirtió esta mañana en Telecinco al Movimiento 15M que con este tipo de protestas los ciudadanos no entienden “realmente” lo que piden y le instó a respetar el funcionamiento de la democracia. Por su parte, el diputado de IU Gaspar Llamazares aconsejó poner límites a quienes quieren transformar en violencia un movimiento “pacífico” ya que considera que “no deben pagar justos por pecadores”.
