Las asociaciones civiles, preocupadas ante el posible fin de la acusación popular

El borrador de sentencia que analizan los magistrados del Tribunal Constitucional que eliminaría la posibilidad de que la acusación popular pueda impulsar un proceso penal en solitario, sin necesidad de que la Fiscalía y la acción particular presenten cargos (la llamada ‘doctrina Atutxa’), ha sembrado la preocupación entre las asociaciones civiles que en los últimos años se han especializado en la presentación de querellas. Sin este recurso, se derrumbaría el ‘negocio’ que estos colectivos han hecho de este instrumento judicial.

El presidente del Congreso, José Bono, el juez Baltasar Garzón o el vicepresidente y ministro Manuel Chaves han visto en los últimos años cómo algunas asociaciones civiles les llevaban, cada vez más, ante los tribunales por presuntas irregularidades en sus negocios o en los de sus hijos o por supuesta mala praxis en sus investigaciones. Iniciativas, todas, surgidas al amparo de la legitimidad de la acusación popular y nacidas de noticias publicadas en los medios de comunicación.

Muchas veces, sin más pruebas que algún que otro recorte de prensa, estos colectivos han presentado querellas en órganos como el Tribunal Supremo en un intento por dar publicidad a sus acciones y evidenciar los presuntos ‘tejemanejes’ de los políticos y los jueces, sobre todo los vinculados con las siglas del PSOE. Ahora esta estrategia puede derrumbarse. El Constitucional está estudiando acabar con la legitimidad de las acusaciones populares e imponer que, si la Fiscalía no presenta cargos, el juez ni estudie esta denuncia. Un escenario que acabaría con el protagonismo de estas asociaciones civiles.

Así, varios han sido los colectivos que han clamado en contra de lo que califican como un “golpe de Estado” a un derecho ciudadano, como es el de la acusación popular, que otorga el artículo 125 de la Constitución española. Todos los esfuerzos que algunas de estas asociaciones han hecho para ‘acabar’ con la vida judicial de magistrados como Baltasar Garzón podrían caer en saco roto ya que se podría dar carpetazo a los procesos abiertos que tiene por causas como las de la memoria histórica o el sueldo que percibió durante un curso académico en Nueva York. Fuentes judiciales han señalado a EL BOLETIN que todo dependerá de la decisión de los propios jueces que integran el Constitucional y si deciden que esta sentencia tenga o no carácter retroactivo. “La decisión -sobre el futuro de las causas contra Garzón- la tendrá el tribunal, será el que decida sobre qué procesos se niega la acusación popular, él pondrá el límite”.

Su enfado no se limita a las críticas, sino que se escenificará con algo en lo que son expertos: en querellas. Así, Manos Limpias, Voces Contra el Terrorismo, Foro de Ermua y Dignidad y Justicia, entre otros, van a presentar este instrumento de denuncia en el Supremo por un presunto delito de prevaricación de los magistrados del Constitucional al intentar limitar un derecho constitucional como la acusación popular sin que se modifique la Carta Magna. Incluso, se anuncia una querella en el Tribunal de Estrasburgo al respecto. Una iniciativa, esta última, que fuentes judiciales han asegurado que no es viable, ya que a este tribunal no se le pueden presentar querellas, sino denunciar que se ha ido en contra del Convenio de Derechos Humanos. Asimismo, estas fuentes han recordado que sin sentencia del Constitucional al respecto, que aún no la hay, no se puede iniciar ningún proceso.

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