La presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, se ha despedido hoy de su cargo con una dura crítica al retraso “de más de tres años” en la renovación de los magistrados. Sostiene que si no se cumple el mandato de la Constitución, habrá que modificar el modelo de elección.
Durante el acto de toma de posesión de los cuatro nuevos magistrados del tribunal elegidos por el Senado, Casas advirtió que la legitimidad de los miembros del órgano “se ve empañada si las designaciones no se llevan a cabo en el momento previsto por la Constitución y quedan embarradas por todo tipo de cábalas y supuestas negociaciones políticas”.
En este sentido, señaló que “si los procedimientos previstos por los reglamentos de las Cámaras no consiguen que se cumpla la Constitución, habrá que modificarlos”.
Casas es uno de los cuatro miembros del tribunal que salen, tras haber caducado su mandato. En el acto de hoy han tomado posesión Adela Asúa y Luis Ignacio Ortega, propuestos por el PSOE, y Francisco Hernando y Francisco Pérez de los Cobos, respaldados por el PP. Todavía queda pendiente la renovación de otros cuatro magistrados por parte del Congreso.
En este sentido, la presidenta saliente, que será sustituida por Javier Delgado hasta que se complete todo el proceso de renovación, ha señalado a los diputados “la necesidad apremiante de que se complete cuanto antes la renovación del tribunal”.
La todavía presidenta se refirió también a la polémica sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, y al “grado de crispación política” que provocó. “La crítica del tiempo nos dirá en qué medida la sentencia ha conseguido el acierto al ensamblar los principios de unidad y autonomía que conforman España”, concluyó al respecto. El diputado del PP, Federico Trillo, ha calificado el discurso de “digno colofón a la etapa más negra del Tribunal”.
La renovación de los magistrados nombrados por el Congreso está pendiente del acuerdo entre PSOE y PP. Los populares han forzado el retraso en varias ocasiones al proponer de nuevo al ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Enrique López, una persona muy polémica y que fue rechazada durante el proceso de renovación en el Senado por no cumplir con todos los requisitos necesarios. En este sentido, el PP aclara que ahora sí es un candidato válido porque en diciembre cumplió los 15 años de servicio en activo que se necesitan.