El PP ha bloqueado, una vez más, la renovación de los miembros del Constitucional tras conseguir el apoyo del resto de los partidos a su propuesta de aplazar una semana la presentación que mañana tenía que hacer de su candidato para este tribunal. En estos siete días, el PP intentará “negociar” con el PSOE el nombre del juez elegido. Esta parálisis coincide con el acto de hoy de apertura del año judicial.
“Vamos a apoyar a nuestro candidatos hasta el final”. Así de tajante se ha mostrado María Dolores de Cospedal esta mañana en una entrevista en RNE sobre el candidato del PP al Constitucional. Una idea que ha plasmado el portavoz del partido en el Senado, Pío García Escudero, en la Cámara Alta. El dirigente popular ha logrado desconvocar la comisión de nombramientos del Senado en la que se elegiría a cuatro jueces para el tribunal.
Una semana más es el tiempo que ha logrado retrasar el PP para que la comisión se celebre, un bloqueo con el que los populares quieren seguir insistiendo al PSOE en la idoneidad de su candidato a este puesto: el magistrado Enrique López. “Retomaremos las negociaciones con los partidos en este aspecto”, han señalado fuentes parlamentarias cercanas al PP.
López se ha convertido en el principal escollo en la negociación de esta renovación ya que el propio Senado rechazó su candidatura por no cumplir con los 15 años de experiencia en la judicatura necesaria para poder aspirar al Constitucional. Su inclusión en la lista de los 22 jueces de los que saldrán los cuatro elegidos hace imposible el acuerdo PP-PSOE con el que se consigue la mayoría de tres quintos del pleno de la Cámara necesario para esta decisión.
Los socialistas, al igual que el resto de partidos, han aceptado este aplazamiento para evitar una dilación mayor. Un retraso del que están muy pendientes los representantes de la Entesa, ya que una vez que el PP nombre a un candidato que no despierte las críticas en el resto de partidos, la formación catalana “entrará en este proceso” de designación para miembros del tribunal y dará a conocer al juez -de los dos progresistas que se designan- que proponen para renovar las filas del Constitucional.
Para acabar con parálisis como la impuesta por el PP con los magistrados del Constitucional que designa el Senado que va a cumplir ya tres años, el Gobierno estudia una reforma legislativa con la que se evitaría que se incumpla el mandato constitucional que obliga a que el relevo de los jueces se produzca en bloques de cuatro. Asimismo, entre los objetivos del Ejecutivo en esta materia se encuentra introducir modificaciones en torno al mandato de nueve años que actualmente tienen lo magistrados elegidos por la Cámara Alta. La propuesta es que pasen de nueve a seis años.
Dívar pide no cuestionar la labor de los jueces y los tribunales
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, ha pedido no cuestionar la labor de los jueces y de los tribunales ya que cuentan con el legítimo apoyo de la Constitución. En su intervención en el acto de apertura del Año Judicial, ha manifestado su malestar por las críticas a “la legitimidad democrática de nuestro modelo de juez” que se han producido durante el último año a raíz de varios procesos judiciales.“Asistimos en ocasiones a manifestaciones públicas que ponen en cuestión” que el Poder Judicial tiene pleno fundamento democrático.
A veces, según Dívar, el juez “debe soportar la crítica por decisiones que no son de su responsabilidad, sino consecuencia de carencias o disfunciones ajenas a él”. A pesar de estos ‘ataques’, el presidente del CGPJ ha reconocido que los magistrados tienen que ganarse su legitimidad “día a día”, para que sus decisiones sean respetadas.
Además de las palabras de Dívar, en este acto ha intervenido el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que ha tratado la lucha contra el terrorismo para enfatizar “la persistente acción de la Justicia y las fuerzas del orden” que “constituye un referente continuo e invariable”. Toda esta labor hace que Conde-Pumpido haya asegurado que “la novedad en esta materia -la terrorista- es que no hay novedad”. “Digan lo que digan los terroristas y quienes los apoyan”, ha asegurado.
Estas palabras han coincidido con la presentación de la Memoria de la Fiscalía de 2009, en la que se reconoce un elevado riesgo de atentado terrorista en España, tanto por parte de ETA como de terrorismo islámico, pero se demuestra la disminución tanto en el número de atentados como en actos de violencia callejera respecto al año anterior.
