Garzón solicita al CGPJ su traslado al Tribunal de La Haya

Baltasar Garzón ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) su traslado a la Corte Penal Internacional como asesor externo de la Fiscalía. El juez acepta así la oferta que le cursó hace varias semanas el titular de la Fiscalía del tribunal de La Haya, el argentino Luis Moreno Ocampo. El nuevo destino no afectará a las causas abiertas contra el magistrado, que no perderá su plaza en la Audiencia Nacional.

El juez ha adoptado esta decisión un día después de que acudiera a declarar en calidad de imputado ante el juez del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro por presunta prevaricación al ordenar grabaciones de los cabecillas de la trama Gürtel con sus abogados en dependencias penitenciarias. La Comisión Permanente del CGPJ, que se reúne mañana, deberá ratificar el permiso especial solicitado por Garzón, quien mantendrá su plaza en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

La oferta del fiscal Moreno Ocampo sería por un periodo de siete meses, prorrogables, en los que Garzón asesorará en materia de investigación de crímenes masivos, un campo en el que el juez de la Audiencia Nacional tiene una dilatada experiencia. Su tarea la desempeñará en La Haya, aunque tendrá que trasladarse en momentos puntuales a otros países como El Congo o Colombia donde el tribunal tiene abiertos procesos de este tipo.

El traslado supone que el CGPJ podría no tener que suspender a Garzón de sus funciones si el juez del Supremo, Luciano Varela, abre definitivamente juicio oral contra él por presunta prevaricación al investigar los crímenes del franquismo. Fuentes del CGPJ consultadas por Europa Press señalaron que la suspensión tiene como objetivo apartarlo de la función jurisdiccional mientras se sustancian las tres causas penales contra él, una situación que ya no se produciría con este traslado.

Además, Garzón tampoco pierde su calidad de aforado, por lo que los tres procesos (además de las escuchas del Gürtel y la investigación de los crímenes franquistas, los pagos que durante su excedencia en Nueva York), continuarán en el Supremo.

El Tribunal Penal Internacional se creó en 1998 pero no comenzó a funcionar hasta julio de 2002, una vez reconocido por 60 Estados. Está integrado por 18 jueces, la Fiscalía y especialistas en Derecho Internacional y Penal.

El abogado de Garzón en la causa que se sigue en su contra por investigar los crímenes franquistas, presentó ayer un escrito en la Sala de lo penal del Supremo en el que denuncia que se ha vulnerado sus derechos fundamentales al amparo del artículo 44 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional al desestimar la recusación del juez Varela que había solicitado. Además, acusa al magistrado del Supremo de ser el “autor intelectual, aunque involuntario” de los escritos de acusación.

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