El Parlamento Europeo ha vuelto a dar un toque de atención a España por la Ley de Costas y la expropiación de propiedades de residentes extranjeros en algunas comunidades como la valenciana en base a esa norma.
La Eurocámara debatió entre el lunes y el martes una serie de quejas presentadas por extranjeros con residencias en la costa mediterránea afectados por la aplicación de la norma ya que, aunque adquirieron la propiedad cumpliendo con las leyes, se las declaró ilegales con la entrada en vigor de la ley.
Durante el debate, la Comisión de Peticiones escuchó tanto a los europarlamentarios como a portavoces de los afectados. Los diputados más críticos fueron los británicos y los alemanes que denunciaron la expropiación injusta a sus conciudadanos.
En este sentido, el diputado socialista británico Michael Cashman recordó que “no ha habido ni reparaciones legales ni compensaciones.
Una vez finalizado el debate, la Comisión de Peticiones acordó enviar dos cartas, una al Ejecutivo español para reclamar más explicaciones sobre la aplicación de la ley, y otra a la Comisión Europea para que esclarezca la base legal para tratar estos casos.
No es la primera vez que Europa le da un toque de atención a España en materia urbanística y en concreto por la Ley de Costas. Justo hace un año que el Parlamento aprobó el ‘Informe Auken’ que instaba a revisar “urgentemente” y a modificar la Ley de Costas “a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquellos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero”.
Incluso instaba a la Comisión Europea a bloquear los fondos de cohesión para poner fin “a graves vulneraciones de la normativa” europea.
Frente a estas denuncias, varias ONG medioambientales españolas defienden la Ley de Costas ante la “grave amenaza” de una reforma “para ceder a las presiones urbanizadoras y especuladoras, promovidas de forma interesada, con fines económicos” .
