El Gobierno ha autorizado a varios de sus exsecretarios de Estado y a altos cargos de Hacienda y Economía el poder compatibilizar la actividad privada con su anterior responsabilidad. El Portal de Transparencia del Gobierno de España ha vuelto a revelar parte del sentido político existente en España: Pasar de la vida pública al sector de la empresa privada. Eso no implica per se una característica negativa, pero sí que define la forma habitual que tienen de reciclarse los políticos y los altos cargos de la administración.
Hace unas semanas, ElBoletin.com informaba de las últimas puertas giratorias que habían traspasado parte del anterior equipo económico de Mariano Rajoy.
Eso implicaba a Iñigo Fernández de Mesa, exsecretario de Estado de Economía que pasaba a ser asesor en Rothschild, David Mellado, anterior secretario general técnico de Hacienda ‘reinventándose’ en PwC, Miguel Ferre, exsecretario de Estado de Hacienda formando parte de la consultora Burson-Marsteller y Marta Fernández Curras, exsecretaria de Estado de Presupuestos que ahora trabaja en Ernst & Young.
A esos cuatro exaltos cargos del Gobierno de Mariano Rajoy se suman ahora Miguel Temboury, anterior subsecretario de Economía y Competitividad, Diego Martín-Abril y Calvo, exdirector General de Tributos, José María Fernández Rodríguez, anterior Director General del Tesoro y Francisco López Rupérez, expresidente del Consejo Escolar del Estado.
Todos ellos cuentan con la autorización del Gobierno del Partido Popular para ejercer en su nueva profesión, ya que el Ejecutivo entiende que no entran en ningún conflicto de intereses con su anterior responsabilidad.
El caso más controvertido es el de José María Fernández, exdirector general del Tesoro que se incorpora a la compañía Altamar Private Equity, una de las empresas líderes en el sector de capital riesgo. Altamar solo asesora a inversores institucionales y normalmente en inversiones fuera de mercado.
Miguel Temboury y Diego Martín-Abril y Calvo, por su parte, se reciclan en sendos bufetes de abogados. Temboury, que renunció a su cargo por “razones personales y familiares”, se reincorpora al bufete que él mismo fundó en el año 2007, Temboury Abogados. Martín-Abril y Calvo, en cambio, se incorpora a la sociedad Gómez Acebo & Pombo Abogado.
Por último, Francisco López Rupérez seguirá su carrera laboral en la Universidad Camilo José Cela.
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