Se cumple un año desde la creación de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos que solo ‘funciona’ en un desguace de Melilla. Hace exactamente un año, el 23 de octubre de 2015, el que todavía era presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, inauguraron la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. Una oficina, presentada a bombo y platillo, que permitiría la localización, recuperación, administración y gestión de los bienes procedentes de actividades delictivas.
Los principales objetivos de este nuevo órgano denominado como la “medida estrella” anticorrupción del gobierno son, a priori, descongestionar los juzgados y tribunales, descargándolos de mucha tarea burocrática, disminuir el coste de los bienes incautados, que acaban generando un costo muy importante para la Administración o dedicar los recursos que se incauten a fines sociales. Sin embargo, la pequeña controversia que nació a raíz de la propia inauguración no fue más que el anticipo de un “paripé” general.
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Una inauguración realizada el mismo día (23 de octubre) que el consejo de ministros anunciaba la creación de la oficina. Esa celeridad se demostró días más tarde que tenía truco: La Oficina todavía no existía y los protagonistas de las fotos no eran más – ni menos – que funcionarios del Ministerio de Justicia.
De todos modos, aquello no fue más que el comienzo. Un año después, aquella “medida estrella” que tanto prometía ha quedado reducida a la destrucción de vehículos en Melilla. Suena bastante ‘chanante’ que el plan anticorrupción del gobierno se trate de reducir a la nada vehículos requisados, pero es totalmente cierto. De hecho, es una información revelada por la Memoria del primer semestre de 2016 realizada por la propia Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.
En ella se observa cómo, a falta de que el Gobierno dé a conocer la memoria del segundo semestre, en lo que va de año se han abierto 261 expedientes, de los cuales 234 son de oficio. 29 han pasado a instancias de juzgados y tribunales y solamente cuatro han sido admitidos.
El Caso Melilla
Esos 234 expedientes abiertos de oficio equivalen al “plan de choque en Melilla”, aprobado en el mes de abril de este año. Ese plan consiste en la subasta y destrucción de los vehículos de los depósitos de Melilla, que según el Ejecutivo, permitirá un ahorro anual al Estado de más de 300.000 euros.
En el comunicado compartido por el propio Ministerio, aseguraron haber detectado “la existencia de un considerable número de activos, entre ellos una importante cantidad de vehículos, que presentan elevados costes de depósito y una fuerte depreciación por el paso del tiempo”.
La Oficina ‘anticorrupción’ del gobierno localizó en Melilla cerca de 425 vehículos de procedencia delictiva cuya tasación oficial no pasaba del valor 0. Se trata de vehículos ubicados en dos depósitos y que en su mayoría provienen del tráfico de drogas e inmigrantes.
Según el abogado Ángel López, activista de la ‘brigada tuitera’ y conocedor de la materia, “lo que están haciendo desde la Oficina es contactando con los juzgados para pedirles autorización para poder destruir los vehículos que están en almacenes. Nada más”, asegura a ElBoletin.com. Esa es una de las principales críticas del letrado, que resume el estado de la Oficina como un “paripé”.
¿Por qué hay tan pocos expedientes tramitados?
Es una pregunta a la que Ángel López encuentra fácil y rápida respuesta: “Porque no es una oficina real”. En palabras del abogado, “el gobierno ha cogido a tres funcionarios y les habrá dicho: Hala sois la oficina anticorrupción. Para así poder decir, justo antes de las elecciones (cuando se inauguró la oficina), que están haciendo cosas maravillosas”.
Además, el letrado plantea que el supuesto cometido que tiene la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos es algo que ya se hace. “Los juzgados cuando necesitan embargar algo preguntan en Hacienda, en el Registro… Esto es darle forma a algo que ya existe”, afirma.
Objetivo: reducir el poder judicial
El principal dilema que plantea esta Oficina ‘estrella’ es que si cumpliera su cometido sería algo a su vez altamente perjudicial para el poder judicial, pues funciones que corresponden a la justicia estarían trasladándose directamente al Ministerio de Justicia. De hecho, en la búsqueda de ‘aligerar’ el peso de los juzgados se puede acabar desarrollando un sistema donde las garantías hasta ahora jurídicas pasen a manos, indirectamente, del Ejecutivo.
Esta situación no es exclusiva del gobierno central. Algunas comunidades autónomas se han animado a crear sus propias oficinas ‘anticorrupción’, como Navarra e Islas Baleares. La navarra tiene el nombre de Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad foral, y se ha constituido en aras de “para luchar con todas las armas contra esta lacra que es la corrupción y las malas prácticas”.
La creación de este tipo de oficinas es algo que preocupa al propio abogado Ángel López: “Les están quitando competencia a los juzgados. Si esto se generaliza, y la oficina (del Ejecutivo) empieza a funcionar, los juzgados recurrirán a ella para reclamar los bienes. El problema será que en ese caso la información y el acto jurídico pasará a manos de funcionarios de la Oficina, que podrían decidir a quien se va a investigar los bienes y a quien no”, lamenta.
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