Garzón registra en el gobierno una batería de preguntas entre ellas por qué el Estado aportó en 2015 sólo el 18% del coste del sistema. IU va a hacer al Gobierno en funciones todo un ‘examen’ sobre el sistema de atención a la dependencia dado que las autonomías denuncian soportar más del 80% del gasto y las asociaciones de afectados se quejan de los continuos recortes. Por ello, el portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso, Alberto Garzón, ha registrado en el Congreso una batería de preguntas dirigida al Gobierno en funciones de Mariano Rajoy para que explique los motivos por los que “la Administración General del Estado aportó sólo el 18% de la financiación pública del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en 2015”.
Garzón basa su iniciativa parlamentaria en los datos aportados recientemente por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, cuyos responsables han expuesto que son las comunidades autónomas las que soportan el 82% del gasto. “Así, considerando que el gasto público por beneficiario del sistema es de cerca de 8.500 euros al año, las comunidades autónomas aportan 7.000 euros y la Administración General del Estado apenas 1.500 euros”, detalla.
El también coordinador federal de IU reclama, a su vez, que el Ejecutivo en funciones del PP aclare por escrito “¿Cómo valora las denuncias sobre la infrafinanciación del Sistema que viene realizando la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales?”, así como “¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para igualar la aportación autonómica en la financiación del sistema?”
Alberto Garzón recuerda que “la ley establece que el sistema debe ser financiado, en lo que respecta a recursos públicos, a partes iguales por la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Los datos que se manejan demostrarían que está infrafinanciado y que tienen razón de ser las denuncias que compartimos con distintos colectivos sobre los sucesivos recortes impuestos por el Gobierno desde 2012”.
El portavoz parlamentario de IU completa las cuestiones sobre las que interroga al Gobierno solicitando datos concretos sobre “¿cuál es el recorte de recursos acumulado por parte de la Administración General del Estado en la financiación del sistema desde la entrada en vigor del R.D.L. 20/2012? (de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad)” y “¿cuál es el número de personas dependientes que no recibe ninguna prestación o servicio?”
Izquierda Unida recuerda que el Observatorio Estatal de la Dependencia, encargado de elaborar estudios, dictámenes e informes y gestionado por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, es quien se ha encargado de solicitar a las comunidades autónomas los preceptivos certificados de gasto en Dependencia que éstas remiten al Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, comprobando así el gasto público autonómico en atención a la dependencia y los ingresos que transfiere la Administración General del Estado para su cofinanciación.
De ahí que Alberto Garzón apostille que “los datos que ofrece el Observatorio son difícilmente cuestionables y evidencian el débil compromiso del Gobierno con las comunidades autónomas, que son quienes responden ante las personas dependientes y con el sistema de atención a la dependencia”.
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