La FADSP recuerda que uno de los grupos de salud que más ha contratado con la admnistración infló su negocio mientras regularizaba 113 millones con la amnistía de Montoro. La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) se hace eco de la reciente publicación de parte de los llamados ‘papeles de la Castellana’ para denunciar las “irregularidades de los procesos de privatización del sistema sanitario público por parte del gobierno del PP”: “Empresas beneficiarias de estos procesos, que han tejido alianzas con laboratorios farmacéuticos, entidades bancarias, empresas de autopistas o multinacionales para beneficiarse de fondos públicos, defraudaron al fisco”, asevera la plataforma.
Hace referencia a la trayectoria del grupo Vithas Salud, que nació en 2012 con la compra de hospitales a Adeslas. “Pertenece al fondo de capital riesgo Goodgrower de los hermanos Gallardo y de La Caixa. El grupo integró en el momento de su constitución a 10 hospitales y 3.100 profesionales y 1,5 millones de pacientes, en gran parte derivados del sistema público. La creación fue apoyada y bendecida por la Secretaria General de Sanidad y Consumo, Pilar Farjas”, recuerda el colectivo.
Apunta que Vithas se creó simultáneamente a la regularización de 113 millones de euros que sus compradores mantenían oculto en Suiza y Panamá. “Es decir la creación del grupo se realizó gracias a la legalización de 113 millones de euros ocultos en paraísos fiscales para no pagar impuestos en España”, subraya, en referencia a la información publicada por el trabajo conjunto de eldiario.es, La Marea y Diagonal. “Los dueños del grupo pagaron gracias a la amnistía fiscal apenas 2,7 millones de euros, el 2,4% del dinero opaco que escondían en Suiza a través de dos empresas de Panamá y de los bancos JPMorgan, Lloyds, y Rothschild”.
La FADSP recuerda que los dueños del grupo son también los máximos accionistas del laboratorio farmacéutico Almirall (66%), una de los mayores de España, con un valor en bolsa cercano a los 2.500 millones de euros y que “factura millones de euros a la sanidad pública (el gasto farmacéutico en España es muy superior a la media de los países europeos)”, sostiene el colectivo.
“Cuando la Xunta decidió privatizar el Laboratorio Central de Galicia frenando el desarrollo de los laboratorios de los hospitales públicos y poniendo en peligro los datos más sensibles de la población gallega, realizó un concurso al que se presentaron siete laboratorios, aunque el contrato fue adjudicado a una Unión Temporal de Empresas integrada por Cerba (Unilabs) y Lema y Bandín, que presentaron la oferta económicamente más baja, con una baja temeraria de 40% con respecto a las otras empresas concurrentes. Posteriormente Lema y Bandin y Vithas se han unido ubicando el Laboratorio Central de Galicia, Privado, en el hospital de Fátima de Vigo”, denuncia.
Y subraya que posteriormente numerosas Comunidades Autónomas ampliaron conciertos y concesiones de servicios sanitarios públicos con este grupo, entre ellas Canarias, Baleares o Andalucía. “Todo esto le permitió ampliar el negocio, comprar dos nuevos hospitales y facturar un 34% más que en 2012”, critica la plataforma.
“Resulta inaceptable y escandaloso que una empresa privada que defrauda los impuestos con los que se financia la sanidad pública se beneficie de una amnistía fiscal y cree un negocio que recibe ingentes fondos públicos a través de conciertos con administraciones sanitarias”, denuncia la FADSP tras hacer balance de las concesiones sanitarias que cayeron en manos de este grupo privado.
Por ello, y para acabar con lo que califica de “política de parasitación y desmantelamiento de la sanidad pública” por empresas privadas, pide “abrir auditorias a todos los contratos, conciertos y concesiones de servicios sanitarios con empresas privadas, y recuperar los recursos externalizados de manera irregular o fraudulenta”.
Además, propone “acabar con las amnistías fiscales que perdonan deudas a quienes sacan dinero al extranjero para no pagar impuestos” y prohibir expresamente que empresas que hayan defraudado a la Hacienda Pública puedan acceder a contratos con las administraciones.
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