Los sindicatos estudian llevar a los tribunales la reválida de Primaria y anuncian movilizaciones

La Confederación de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza avisa que el Ministerio no podrá evitar que se hagan ranking de colegios en beneficio de la privada. La reválida de Primaria sigue provocando un fuerte rechazo de la comunidad educativa y a la rebelión de 11 Comunidades Autónomas -que se oponen a dicha evaluación- se suma ahora el de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza-Intersindical, STES-i, organización sindical mayoritaria en la educación pública, que está estudiando recurrir la resolución, anuncia más movilizaciones y anima a las familias a negarse a hacer la prueba.

Coincidiendo con la entrada en vigor de la orden ministerial que regula las evaluaciones de sexto de Primaria STEs-i ha hecho público un comunicado en el que explica “el por qué, al igual que colectivos docentes y de padres y madres” se oponen a la realización de estas pruebas de evaluación.

En primer lugar, STEs-i explica que rechaza la reválida al considerar que “con estas pruebas se someterá a niños y niñas de apenas 12 años a una situación de estrés injusta e inútil desde la perspectiva pedagógica.

También recalcan que, en su opinión, “las reválidas son un mecanismo ineficaz que poco o nada tienen que ver con la calidad educativa y que en nada refuerzan la igualdad de oportunidades” ya que “están realizadas por profesorado ajeno al alumnado y centradas en competencias instrumentales dejando a un lado la formación global de la persona, la diversidad, la creatividad y sin respetar los procesos de maduración individuales”.

Además, a esta organización sindicales no les convence la ‘rectificación’ que ha hecho el ministro de Educación, Rafael Catalá, para reforzar la confidencialidad de los datos, estableciendo que los informes relativos a cada centro tendrán “difusión únicamente en su comunidad educativa” y los resultados de las citadas pruebas “no podrán utilizarse en ningún caso para la elaboración de clasificaciones de centros docentes”. Y explican que no les convence ya que “aunque el Ministerio de Educación subraya que no se trata de establecer ránkings entre centros y que los informes no se harán públicos, no hay garantía de que esto llegue a suceder”. Añadiendo que “los intereses de la educación privada ponen en duda, entre otros, la efectividad de esta intención”.

Además, se quejan de que “este tipo de pruebas conlleva un desprecio hacia la profesionalidad del profesorado, y con ello de los centros, ya que se minusvalora la formación y capacidad para evaluar al alumnado y detectar sus problemas y cómo abordarlos”.

Además, de suponer “una duplicidad de funciones, muchas de ellas meramente burocráticas por parte de los tutores, con elevado número de alumnos y con el incremento de labores que, en muchos casos son más administrativas que pedagógicas y sin un valor real en los resultados”.

Esta organización sindical explica que en Resolución de 30 de marzo de 2016, se han publicado los cuestionarios que se deberán aplicar en la evaluación final de Primaria dirigidos a los alumnos, padres y madres y dirección del centro docente. Entre algunas de las preguntas que han de responder el alumnado figura: “¿Los profesores de mi colegio son justos conmigo?”, “¿Se les da bien explicar?”, “¿Escuchan lo que tengo que decir?”, “¿Sé lo que esperan que haga?”, “¿Responden a mis preguntas con claridad?”… , haciendo notar la Confederación de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza que son una “serie de preguntas dirigidas a evaluar a los profesores desde la perspectiva de alumnos que no han alcanzado la madurez suficiente para responder a este tipo de cuestiones –quizá ni la propia reflexión al respecto- y, muy difícilmente, sin que puedan estar influidas por otros actores subjetivos”.

Asimismo rechazan que “el cuestionario de las familias, aparte de la ambigüedad que permite diferentes interpretaciones de algunas de las preguntas, también se utiliza para que se hagan valoraciones sobre el profesorado, el nivel de aprendizaje o lo recomendable o no del centro”.

Y anuncian que, STEs-i consultará con los servicios jurídicos la posibilidad de recurrir esta Resolución, ya que no ha sido consensuada con ningún agente social educativo en ámbito alguno de negociación.

Prueba innecesaria

El sindicato recalca que “las pruebas son externas y, por tanto, no tienen en cuenta las características peculiares ni de centro ni de su alumnado tratándose de una evaluación descontextualizada” además de destacar lo innecesario de esta reválida. Y es que tienen claro que “con las evaluaciones preceptivas a realizar por el equipo docente que atiende a cada uno de los alumnos, con el registro de sus capacidades y logros realizados a lo largo de la etapa, con la elaboración de un informe individualizado de final de Educación Primaria en donde se recogen los objetivos y el grado de adquisición de las competencias de la etapa… etc., es más que suficiente y que no es necesario que se atienda a otras pruebas externas que no aportan ninguna mejora en el Sistema Educativo”.

Además, recuerdan que la realización de las mismas supone un coste económico que podría evitarse para contribuir a la reversión de los derechos educativos perdidos con los recortes.

Por ello, STEs-i anima a las familias para que se resistan a la realización de estas pruebas, exige la derogación inmediata de la LOMCE, y anuncia que “propondrá movilizaciones a la comunidad educativa para impedir el avance de estas políticas perniciosas para nuestra educación pública.

Se da la circunstancia de que las autonomías de Extremadura, Castilla-La Mancha, Cantabria, Navarra, Cataluña, Canarias y País Vasco han anunciado que no van a realizar la prueba externa de 6º de Primaria que contempla la LOMCE, que se va a celebrar en mayo, mientras que otras comunidades como Baleares, Asturias, Aragón y la Comunidad Valenciana, a pesar de que han manifestado que, están en contra de esta evaluación, por lo que han presentado un recurso ante el Tribunal Supremo, contemplan realizarla a regañadientes para cumplir la ley.

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