El Espacio Vecinal Arganzuela no cree que la instalación deba acoger a 2.000 funcionarios municipales. Pese a valorar como “muy positivas” ciertas partes del plan de Ahora Madrid para el abandonado Mercado de frutas de Legazpi, los vecinos del distrito de Arganzuela critican algunos de sus pilares. Es el caso del plan para albergar a unos 2.000 funcionarios municipales en oficinas que ocuparán sobre el 55% de las instalaciones previstas para el futuro mercado.
“Si para albergar a 2.000 funcionarios hay que alterar el Mercado de Legazpi en su estructura y composición, invadiendo al mismo tiempo el espacio central, deberá invertirse el proceso”, considera un arquitecto asociado al Espacio Vecinal Arganzuela (EVA), una de las plataformas llamadas a la participación en el proyecto por el propio equipo de Manuela Carmena.
Los vecinos del distrito manifiestan así su sensación agridulce con los planes de Ahora Madrid para el espacio, fruto de proyectos de rehabilitación por parte de anteriores regidores sin que ninguno viese la luz. Hace apenas dos días el actual consistorio presentó su propuesta de rehabilitación, con una inversión de entre 50 y 70 millones hasta 2019 que se pretende amortizar con el ahorro de alquileres para dependencias municipales. Por tanto, uno de los pilares de este primer proyecto urbano con sello de Ahora Madrid es el traslado de esos 2.000 empleados locales a las nuevas oficinas proyectadas en la instalación, de 29.000 metros cuadrados de superficie.
El 45% restante de las instalaciones se dedicaría a espacios públicos y dotaciones para los vecinos como bibliotecas, zonas para mayores, espacios de crianza, locales para aprender oficios o realizar talleres, entre muchos otros. La distribución de usos se diseñará,según el consistorio, en conversación permanente y con la ayuda de las asociaciones vecinales. Ahora Madrid también quiere a los vecinos como interlocutores para cerrar el proyecto de construcción de las nuevas instalaciones, por lo que no se trata de un diseño cerrado.
“Puede que el número adecuado sean 1.500 ó 1.000 administrativos en lugar de los dos mil demandados”, propone la plataforma vecinal, que entiende que, “sin despreciar las necesidades de la administración municipal” los 2.000 funcionarios “marcarían con exceso el futuro carácter del edificio y de la zona”.
Hay otros puntos que no gustan a los vecinos, como el espacio central del mercado, con forma triangular, que el consistorio planea elevar para enlazar con la altura del terreno colindante desde Madrid Río: la EVA considera “artificiosa la pretendida recuperación del espacio público como una ‘plaza elevada’ construida sobre la cubierta de la nueva edificación, a la que se accedería de una forma forzada y disuasoria desde la Plaza de Legazpi o desde Madrid Río”. Por eso pide suprimir esta edificación y “conservar el carácter de espacio abierto sobre terreno natural”.
En general, los vecinos agrupados bajo esta plataforma rechazan cambios radicales en las instalaciones, y consideran que el proyecto presentado por Carmena supone demasiados. “Si al suprimir la nueva edificación que ocupa el triángulo central se disminuye la capacidad de acogida del número de funcionarios previsto, debería reconsiderarse el número de puestos de trabajo”, sostiene Eduardo Mangada, arquitecto asociado a la plataforma, en la web de la asociación de vecinos.
También encuentra “muy negativa” la propuesta de “edificar, para usos administrativos, el corazón del mercado, el gran triángulo vacío, rompiendo su rotunda unidad y transformando las zonas arboladas en un conjunto de patios residuales”.
No obstante, la plataforma dice querer “ayudar” con estas opiniones tanto a los vecinos como a la Administración “para depurar la propuesta haciendo compatibles las aspiraciones ciudadanas y las necesidades municipales”.
Insiste en “agradecer que los responsables municipales respondan a las demandas ciudadanas, aportando una solución concreta, definida en términos gráficos y numéricos, explicando tanto los componentes de la misma como las razones que la condicionan y justifican”. También consideran muy favorable el hecho de que el consistorio entregue la documentación oportuna, “facilitando así una participación real y eficaz, ya que con ello se permite que los vecinos puedan objetar los aspectos menos satisfactorios de la propuesta y sugerir aquellos otros que estimen necesarios”.
