El Ministerio Público reclama el archivo de la causa al considerar que no hay indicios de revelación de secretos ni vulneración de la intimidad. El juez que instruye en Madrid el “caso de los espías” de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, ha dado traslado de la causa a la Audiencia Provincial como paso previo a la petición de apertura del juicio oral. El magistrado inicia este proceso tras rechazar los recursos de sobreseimiento de las empresas de detectives imputadas. Y también del Ministerio Público, según informa Cadena Ser.
La Fiscalía no ve delito en la elaboración de dosieres de patrimonio de González, ni tampoco en un vídeo grabado con cámara oculta en Cartagena. Entiende que en ninguno de los casos se produjo revelación de secretos o vulneración del derecho a la intimidad del expresidente.
Sobre el caso del espionaje con cámara oculta, en el que se veía a Gohnzález junto a varios empresarios del Canal de Isabel II y empresarios de la construcción, el Ministerio Público considera que no hubo intención de grabar las conversaciones entre González y los directivos.
Lo mismo dice la Fiscalía del dossier de 69 páginas sobre las adjudicaciones y el incremento patrimonial de Ignacio González y su mujer, Lourdes Cavero, difundido por el diario Público. Según el mismo medio, el juez entiende que no ha quedado acreditada la autoría por parte de Método 3, la agencia de detectives implicada, y si así fuera, asegura, “en nada habría vulnerado el derecho a la intimidad del denunciante pues los datos que se recogen han sido obtenidos de manera completamente lícita, a través de registros públicos y sin que se produzca vulneración de derecho alguno”.
El juez remite ahora los tres recursos de apelación a la Audiencia Provincial, juzgado que tendrá que decidir si archiva o prosigue el caso para sentar a los detectives en el banquillo. En total, se conocieron hasta cinco casos de espionajes a González acumulados en este juzgado desde el año 2009. Ambos directivos de las agencias, en su declaración judicial, reconocieron haber realizado parte de los encargos y haber recibido el encargo por el presunto cobro de comisiones en el Canal de Isabel II.
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