Llevan a Carmena a los tribunales por desmantelar a los antidisturbios

CSIF presenta una denuncia en los juzgados por modificar unilateralmente las condiciones de trabajo de los agentes. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado una denuncia en los Juzgados de Instrucción de Madrid contra la alcaldesa, Manuela Carmena, el delegado de Gobierno Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, Javier Barbero, y el director general de Policía Municipal, Andrés Serrano, “por la modificación unilateral de las condiciones de trabajo de los agentes pertenecientes a las Unidades Centrales de Seguridad de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid (UCS)”, según informa el sindicato en un comunicado.

Además, y por el mismo motivo, CSIF ha interpuesto también un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Madrid por vulneración del derecho fundamental de libertad sindical.

El sindicato reacciona así al anuncio del Ayuntamiento de Madrid que el lunes pasado anuncio que en un plazo de 15 días disolverá la Unidad Central de Seguridad (UCS) 1 y que en un plazo de dos meses hará lo mismo con la segunda unidad.

Tanto la denuncia como el recurso se fundamentan, según explica la organización sindical, en la decisión unilateral por parte del Ayuntamiento de suprimir una de las Unidades Centrales de Seguridad y el consecuente traslado del personal afectado a las Unidades de Distrito, la Unidad de Medio Ambiente y a la otra UCS, que está previsto que se desmantele en dos meses.

CSIF entiende que esta decisión impone a los —de momento— 135 trabajadores afectados la obligación de elegir un nuevo destino, pudiendo incurrir en un delito contra los derechos de los trabajadores porque, de manera sesgada, se les impone condiciones laborales que perjudican, suprimen o restringen los derechos que tenían reconocidos, con una pérdida retributiva de 340 euros al mes por agente>/strong>.

Estas unidades fueron estructuradas dentro de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento de Madrid, aprobada por la Junta de Gobierno y CSIF sostiene tanto en su denuncia como en el recurso que “estos trabajadores no pueden ser obligados a abandonar sus plazas sin la pertinente negociación con la parte sindical de la relación de puestos de trabajo, que se ha modificado de manera encubierta”.

Asimismo, esta central sindical entiende que con esta decisión, el Ayuntamiento ha llevado a cabo una amortización de plazas cubiertas por funcionarios de carrera, los cuales accedieron a dichas plazas bajo los criterios de igualdad, mérito y capacidad.

Además, CSIF considera que el acuerdo es nulo de pleno derecho ante la falta de negociación con los representantes de los trabajadores en el ámbito de la Mesa General de Negociación. En este sentido, señala que con esta decisión se han infringido varios artículos de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, del Estatuto Básico del Empleado Público, así como el artículo 28 de la Constitución, la Ley Orgánica de Libertad Sindical y varios convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Finalmente, recuerda el sindicato que las Unidades Centrales de Seguridad estaban especializadas en el mantenimiento general de la seguridad ciudadana, aseguramiento de espacios públicos, control de masas, graves catástrofes públicas y situación de alerta policial.

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