Jueces para la Democracia estudia denunciar a los fiscales que investigaron a la exjueza Rosell

Justicia

Jueces para la Democracia estudia denunciar a los fiscales que investigaron a la exjueza Rosell

Mazo de juez

La asociación de jueces, a la que pertenece la futura diputada de Podemos Victoria Rosell, ha denunciado el “uso partidista” de la Fiscalía. Jueces para la Democracia (JpD) está estudiando emprender acciones legales contra los fiscales que iniciaron una investigación contra Victoria Rosell, jueza en excedencia y diputada por Podemos. La asociación considera que la Fiscalía carece de competencia para abrir este caso y asegura que se ha hecho un “uso partidista” del organismo.

En concreto, Rosell fue acusada de haber retrasado la instrucción de causa contra el empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, por la fiscal Evangelina Ríos y el fiscal jefe provincial de Las Palmas Guillermo García Panasco.

Asimismo, la asociación de jueces, a la que pertenece la propia Rosell, ha acusado a ambos fiscales de haber filtrado el caso a los medios de comunicación -coincidiendo además con la campaña electoral-, lo que para ellos supone “una evidente vulneración de derechos”, tal y como han señalado en un comunicado.

Por todo ello, han solicitado una investigación interna en la Fiscalía General que depure responsabilidades y han recordado el artículo 605 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: “la recepción de quejas sobre el funcionamiento de los órganos judiciales, la recepción de denuncias, así como la iniciación e instrucción de expedientes disciplinarios y la presentación de los cargos ante la Comisión Disciplinaria corresponden al Promotor de la Acción Disciplinaria”.

Jueces para la Democracia ha indicado que no se había pronunciado sobre este asunto con anterioridad “con la finalidad de que nuestra preocupación sobre estos hechos no pudiera confundirse con algún tipo de apoyo a cualquier opción política que pudiera afectar a nuestra independencia como organización”.

“Una vez transcurrido el periodo electoral, consideramos que deben aclararse estos hechos, pues afectan a la independencia judicial y a las garantías del procedimiento sancionador como elemento básico del estatuto profesional de quienes integran la judicatura”, han sentenciado.

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