El actual presidente de la UD Las Palmas obtuvo una rebaja de un año de cárcel para no tener que ingresar en prisión por una sentencia por construir en terreno ilegal. El empresario clave en la investigación abierta contra Victoria Rosell, la jueza canaria fichada por Podemos, acumula un dilatado expediente ante los tribunales. En 2013, Miguel Ángel Ramírez Alonso, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, fue uno de los 23 indultados por el Gobierno del PP. La medida de gracia le permitió conmutar su pena de tres años por otra de dos para evitar entrar en prisión.
El delito procedía de una sentencia de 2011 por construir sin licencia en zona de especial protección medioambiental en 2004. Según el Boletín Oficial del Estado del 21 de noviembre de 2013, el ministro de Justicia, en ese momento el popular Alberto Ruiz-Gallardón, rebajó la condena del constructor a “a condición de que proceda a la demolición de las obras ilegalmente ejecutadas, de acuerdo a lo fallado por el Tribunal sentenciador”. También fue condenado inhabilitado para el “ejercicio de la la construcción por tiempo de tres años y un día, y a la pena de veinticuatro meses y un día de multa con una cuota diaria de sesenta euros “.
El presidente del club de fútbol canario estaba siendo nuevamente procesado por un delito contra la Hacienda pública, y la magistrada responsable no es otra que la jueza en excedencia que Podemos fichó el pasado mes de octubre. Ayer se conocía que la Fiscalía ha ha abierto diligencias contra Rosell en base a un contrato que Ramírez firmó con la empresa de Carlos Sosa, pareja de la jueza, días después de que la magistrada obtuviera su excedencia en el juzgado insular. Ahora, el Ministerio Público pide investigar si Rosell debió apartarse antes de la causa si sabía de la existencia del contrato que iba a firmar su pareja con el club de fútbol.
En su defensa, Rosell ha argumentado que su salida del juzgado es anterior a la fecha del contrato, y ha apuntado hacia el también canario ministro de Industria, José Manuel Soria, como interesado en abrir un caso judicial para obtener rédito político: “Es un intento del ministro Soria y del PP para neutralizar a un rival político usando la Fiscalía”, acusa Rosell al partido que indultó hace dos años al empresario que ella misma juzgó.
