El grupo liderado por Ignacio Aguado ha presentado 222 enmiendas a los presupuestos del PP a condición de apoyar el proyecto económico de Cifuentes en 2016. El partido de Albert Rivera en la Comunidad de Madrid ha condicionado su apoyo a los presupuestos de la presidenta, Cristina Cifuentes, a un total de 222 enmiendas. El grupo encabezado por Ignacio Aguado ha propuesto al PP un buen número de ajustes y traspasos de dinero entre unas y otras partidas. Por cantidad presupuestaria, hay algunas peticiones de especial relevancia.
Por ejemplo, Ciudadanos reclama un incremento de gasto de 20 millones de euros a “la reposición y mejora de carreteras”. Para financiar esa subida, Aguado pide un recorte de 5 millones en la partida “infraestructuras del transporte” y, lo más importante, extrae otros 15 millones de euros de la compensación a los usuarios del transporte público, que pasa de 1.069 millones a 1.054.Se queda así con 20 millones de euros que pueden ir a la mejora de carreteras.
La primera enmienda que Ciudadanos presenta a los presupuestos de Cifuentes exige que la Renta Mínima de Inserción (RMI) se fije en 395 euros al mes, en lugar de los 375 euros que prevé el PP para 2016. Sin embargo, es probable que Ciudadanos pretenda hacer menos extensiva esta ayuda, puesto que recorta el presupuesto para RMI en 3,15 millones de euros. De este modo, Ciudadanos pide a Cifuentes que dedique 116,8 millones de euros al pago de este tipo de ayuda mínima en lugar de los 120 millones presupuestados por el PP.
En el lado de los incrementos, Ciudadanos quiere que se cree un “plan de integración de refugiados con corporaciones locales” con una dotación de medio millón de euros que se extrae de una bajada de 10.000 euros en dietas y de recortar en 200.000 euros los contratos por estudios y trabajos técnicos, entre otros conceptos.
Ciudadanos también plantea fuertes movimientos desde el fondo de contingencia de la Comunidad de Madrid, del que pide sacar 11,2 millones para hospitales públicos, 2 millones para la mejora de la formación profesional, 5 millones para la reordenación del gasto en seguridad y otros 5 millones para la reordenación del gasto en políticas sociales.
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