Hasta una decena de grandes constructoras invirtieron en estudios de intención de voto por las que el PP les compensaba con adjudicación de contratos públicos. Los documentos del sumario de la Operación Púnica a los que ha tenido acceso Cadena Ser son una nueva evidencia de la financiación irregular del PP. Grandes constructoras como Urbaser, FCC o Avintia pagaron encuestas electorales para el partido en al menos siete municipios madrileños, por una cuantía superior a 400.000 euros durante la última década.
El sistema revertía en el beneficio de las empresas porque después se convertían en adjudicatarias de contratos públicos en esas localidades en las que invertían ilegalmente. Según el mismo medio, una decena de empresas como el Grupo Ortiz, hacían pasar sus sondeos como estudios socioeconómicos, con la complicidad de la consultora TNS, ejecutora de las encuestas.
Además de empresas de construcción y gestión de residuos, este esquema de cohecho fue participado por consultorías y sociedades de imagen y por las empresas de David Marjaliza, uno de los cabecillas de la Púnica.
Realizaron encuestas de intención de voto entre 2005 y 2015 para el PP en Valdemoro, Alcalá de Henares, Móstoles, Pozuelo de Alarcón, Alcobendas, Brunete, Torrejón de Velasco y en Parla. En este último municipio la connivencia se mantuvo con el PSOE bajo la alcaldía de José María Fraile, que fue expulsado del partido por su conexión con la trama.
Las sociedades aparentaban realizar estudios para invertir en estas localidades, pero el fin de las encuestas era hacer que el PP se ahorra los costes de las mismas, y que después se compensara con contratación pública.
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