La Conferencia Episcopal ha reaccionado rápidamente a la última modificación de la reforma de la Ley del Aborto y que ha supuesto el apoyo del PNV, un partido con raíces cristianas. Los obispos sostienen que el aborto debería ser considerado un delito y relacionan las “políticas antinatalistas” con la crisis.
La Conferencia Episcopal ha aprobado una ‘Declaración ante la crisis moral y económica’ en la que advierte de que “la escasa protección social de la familia y las políticas antinatalistas son perniciosas para la sociedad y tendrán efectos económicos perjudiciales para las generaciones futuras”. A pesar de que el documento no habla explícitamente de la reforma de la Ley del Aborto, en rueda de prensa esta mañana el secretario general de la Conferencia Episcopal Española y obispo auxiliar de Madrid, monseñor Juan Antonio Martínez Camino, señaló que no entiende cómo el aborto “no puede ser delito” y dijo que “nunca puede ser admitido moralmente”.
El texto tampoco hace ninguna referencia a la postura de la Iglesia respecto a los diputados que voten a favor de la reforma, a quien hace unas semanas advirtió de que no podrán comulgar, pero Martínez Camino si quiso dejar claro que la doctrina de los obispos “no va contra nadie ni contra ningún partido”.
En el documento de 22 páginas, la Iglesia española analiza las causas de la crisis y apunta a que, además de la “falta de honradez” y la “codicia”, son “la pérdida de valores morales” y “la carencia de control de las estructuras financieras, potenciada por la economía globalizada”.
Por otro lado, algunas asociaciones provida comienzan a movilizarse contra la reforma, aprobada ya en Comisión parlamentaria. Por ejemplo, Universitarios por la Vida ha convocado una concentración el lunes en la entrada de la Facultad de Medicina de la Complutense, con el objetivo de “demostrar que la comunidad universitaria rechaza que se obligue por Ley” a estudiar “cómo se comete un aborto”.
