Europa negó información a dos plataformas que demandaban información sobre la elección de jueces cuyo trabajo afecta a 500 millones de personas. La pasada semana, el Defensor del Pueblo Europeo pidió al Consejo de la Unión Europea que respondiera a las denuncias de dos plataformas pro-transparencia, Access Info Europe y la Public Interest Clinic, que reclamaron información sobre los procesos de selección para el nombramiento de jueces en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
En un primer momento, la información fue negada sobre la base de la privacidad de los afectados y por considerarse información no abierta. Pero el Defensor del Pueblo ha confirmado que abrirá una investigación, después de que las plataformas denunciasen una “creciente restricción de la política sobre transparencia que deja importantes preguntas sin respuesta ni rendición de cuentas efectiva”, denuncian los activistas, que entienden que el grupo encargado del nombramiento de miembros del TJUE no puede seguir funcionando como “una caja negra que escapa a cualquier control democrático”.
Helen Darbishire, directora ejecutiva de Access Info Europe, hizo hincapié en que «estos jueces deciden cómo debe aplicarse la legislación que en toda la UE afecta a más de 500 millones de ciudadanos”, y que por tanto la transparencia en torno a su selección es “de suma importancia para la confianza pública en la integridad y la independencia de la Corte”. La plataforma considera que “hay un interés público de primer orden” en el acceso a los criterios por los que elige a los miembros de la Corte, y critica que la primera respuesta obtenida haya sido un ‘no’ rotundo, en contra del derecho a la información en las instituciones europeas.
La función de este tribunal es garantizar que la legislación de la UE se interprete y aplique de la misma manera en cada uno de los países miembros, así como garantizar que los países miembros y las instituciones europeas cumplan la legislación de la UE. Se divide en tres órganos: dos de ellos se componen por un juez de cada país miembro. Un tercer órgano, el de la Función Pública, solo está compuesto por 7 jueces que resuelve los litigios entre la Unión Europea y su personal.
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