El 17% de las personas desalojadas fueron reasignadas. El 60% de los desahucios que se llevan a cabo en la capital madrileña se realizan en viviendas de alquiler social que fueron propiedad del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid pero que fueron vendidas en los últimos años, según ha revelado un informe del Ministerio de Hacienda en el que se critica la iniciativa de la alcaldesa de Madrid de frenar los desahucios.
Y es que, para el ministro Cristóbal Montoro, esta medida supondría una bajada generalizada de los precios del alquiler y se abarataría la compra de viviendas, lo que “perjudicaría a las familias y ciudadanos que tienen pisos en propiedad”. Además, desde Hacienda han advertido de que “una fuerte caída de precios propiciaría la llegada de fondos buitre”, según ha informado El País.
En concreto, el ministerio dirigido por Montoro ha contabilizado que entre febrero y junio se ejecutaron 111 desahucios en la capital –más 73 desalojos de casas ocupadas. De estos, 50 se llevaron a cabo en viviendas vendidas por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) a otro fondo de inversión, cinco en inmuebles que en un principio eran propiedad del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) y 10 se realizaron en viviendas de la EMVS y el Ivima. Es decir, 65 desahucios se produjeron en los que fueran dependencias públicas.
Además, el informe revela que de los 184 desahucios -contando también las casas ocupadas- 17 fueron ejecutados por bancos y 29 por petición de propietarios particulares. Asimismo, tan sólo el 17% de los afectados fue realojado.
En este mismo informe, Montoro ha aprovechado para recordar a Manuela Carmena que sólo está capacitada para frenar aquellos desahucios que estén promovidos por el Ayuntamiento, ya que el resto de ejecuciones dependen de los juzgados. En la misma línea, han puesto de manifiesto que actualmente –y después de la venta de muchas de las viviendas públicas- la capital sólo cuenta con 418 pisos públicos, de los que 347 están asignados y el resto en obras.
A este respecto, Ahora Madrid ya ha advertido de que tratará de imponer una tasa a aquellos bancos, fondos o inmobiliarias que traten de acumular viviendas con fines especulativos.
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