“Todo muestra una gran manipulación que puede rayar en la prevaricación”, declaraba Domingo Jiménez Beltrán, presidente de la Fundación de Energías Renovables. El conflicto nace debido a las irregularidades cometidas para establecer la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico y la Orden IET/1045/2014. Según los informes obtenidos por el Tribunal Supremo en el día de ayer, el Ministerio de Industria había decidido de antemano lo que se expone en esta Ley y después de decidirlo pidió uno de los informes para que cuadrara con lo que exponían. Según Domingo Jiménez Beltrán el problema reside en que “se toma una decisión sabiendo que no se soporta, que no está ‘legitimada’ y se ‘fuerzan’ apoyos con informes de firmas reconocidas que ahora estarían en total entredicho. Es un tema extremadamente grave.”
La Ley 24/2013 del Sector Eléctrico define que las empresas de energías renovables recibirán una retribución proporcional a los ingresos del sistema eléctrico. La última liquidación de la Comisión Nacional de Mercados y Comercio (CNMC) sitúa lo que han cobrado hasta el momento, en un 84,08%. Con esto, un 15,92% es lo que falta por cobrar a las renovables, hecho que la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), considera como asfixiante para estas empresas.
Según la Fundación de Energía Renovables, “lo que sí está claro es que los recortes no han sido fruto de informes imparciales, sino de una voluntad política”. Argumentan esta afirmación con la negativa del Boston Consulting Group, empresa encargada de uno de los informes, a cumplir con el contrato que ligaba a esta empresa con el Ministerio de Industria. Esta consultora había realizado unos años antes de que se aprobara la Ley del Sector Eléctrico un estudio sobre la viabilidad y evolución de las renovables entre 2011 y 2020 para el propio Instituto de Diversificación y Ahorro de Energia (IDAE). El contrato todavía no se ha hecho público.
En España, la mayor parte de las empresas de energías renovables son pequeñas o medianas. Antes de la crisis y los recortes, en 2007, España encabezaba la lista de países más atractivos para invertir en energía verde. Ahora se encuentra en el puesto 22 debido a las políticas restrictivas del Gobierno: el impulso de José Manuel Soria, ministro de Industria, hacia las eléctricas, ha desfavorecido considerablemente a las renovables, suprimiendo las primas y dejando como única ayuda un porcentaje de la retribución mínimo atado a las “gigantes eléctricas”.
Además, la deuda a estas empresas no está reconocida, por lo que se ha pedido algún tipo de documentación a la Secretaría de Estado de Energía, pidiendo el mismo trato que se ofrece a las grandes eléctricas. La Fundación de Energías Renovables señala además que esta situación de “asfixia” hacia el sector verde es algo de largo recorrido: según informan en su nota de prensa, Greenpeace dio a conocer hace varios días que dos terceras partes de los representantes españoles en la negociación europea para las normas de contaminación del aire en instalaciones industriales (entre las que se encuentran las centrales térmicas de carbón) están íntimamente relacionados con las grandes eléctricas. De los 12 representantes españoles, 8 pertenecen a la industria energética.
