El órgano judicial advierte del “riesgo” de poder ampliar estas acciones hasta los dos años. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado por unanimidad un dictamen al anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que aseguran que existen “serias dudas de encaje constitucional” a la realización de ‘escuchas’ sin autorización judicial, tan sólo con el permiso del Ministerio de Interior, tal y como aprobó el Consejo de Ministros.
El CGPJ considera que no se está teniendo en cuenta el artículo 18.3 y el 55.2 de la Constitución, en el que se dice que la suspensión del derecho al secreto de las comunicaciones sólo tendrá lugar en caso de tratarse de bandas armadas o de terrorismo.
Por el contrario, la reforma de la norma añade dos supuestos en los que se podrán realizar ‘escuchas’, en delitos “contra menores u otros de especial gravedad” e introduce la posibilidad de que el ministro de Interior o el secretario de Estado de Seguridad autoricen estas acciones, teniendo que comunicar la decisión en un tiempo máximo de 24 horas al juez, el cual deberá aprobar o derogar la medida en 72 horas.
En la misma línea, los vocales instan a “reflexionar acerca del riesgo que comporta” fijar un plazo de prórroga en la intervención de las comunicaciones en periodos sucesivos de tres meses, hasta llegar a los dos años.
En general, el CGPJ valora positivamente la “concepción ágil y moderna” de la justicia penal que tiene el Ministerio de Justicia y son pocos los puntos sobre los que disiente la organización.
