CSI-F critica el despilfarro en la Ciudad de la Justicia cuando hay juzgados ‘abandonados’ en la periferia

El sindicato denuncia las “precarias condiciones” de estas sedes judiciales, que tienen goteras, inundaciones, agua no potable y expedientes en el suelo por falta de archivadores. La decisión de la Comunidad de Madrid de retomar el proyecto de la Ciudad de la Justicia ha despertado la desconfianza de los sindicatos, que no ven con buenos ojos el despilfarro que se va a hacer en este complejo cuando hay juzgados en la periferia en estado de abandono. Según ha denunciado CSI-F, muchas de las sedes judiciales de las afueras tienen goteras, sufren inundaciones e incluso hay algunas que no cuentan con agua potable. Además, ha criticado la acumulación de expedientes en el suelo por falta de archivadores.

En una nota, la organización sindical habla de ‘la otra Ciudad de la Justicia’, la de las sedes judiciales de la periferia de la región que se encuentran en “precarias condiciones” que el Gobierno autonómico no se preocupa por solucionar. Se trata, denuncia CSI-F, de sedes “obsoletas” que “no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad, higiene y seguridad necesarias para el desarrollo de cualquier actividad laboral”.

En algunos casos, estos edificios tienen “instalaciones eléctricas anticuadas y sobrecargadas, no disponen de ascensor ni rampa de acceso para personas de avanzada edad o movilidad reducida (casos de Aranjuez, Torrejón y Navalcarnero, entre otros), o sus archivos se inundan cada vez que llueve, como ha sucedido recientemente en los Juzgados de Torrejón de Ardoz”, dice el sindicato

No obstante, una de las situaciones más preocupantes es la de los Juzgados de Pozuelo de Alarcón, cuya agua no es potable por la alta presencia de hierro en todo el edificio, según un informe de prevención de riesgos laborales al que ha tenido acceso CSI-F.

Todo ello sin olvidar otros ejemplos de las “lamentables condiciones” de algunas sedes judiciales, como las de Collado Villalba, San Lorenzo de El Escorial, Majadahonda, Valdemoro o Aranjuez, en las que las goteras o la acumulación de expedientes por el suelo “están a la orden del día”.

El sindicato afirma que “tan importantes son los habitantes de Madrid capital como los del resto de municipios de nuestra región”, por lo que exige al Ejecutivo de Ignacio González que apueste por la “construcción de sedes modernas” y con las “instalaciones apropiadas”.

CSI-F Justicia Madrid solicita que la “fórmula empleada” por el Gobierno regional para poner en marcha la Ciudad de la Justicia, en principio con coste cero para el ciudadano, “se traslade al resto de partidos judiciales”. Este complejo, al que la Comunidad de Madrid dio luz verde a finales de noviembre, costará unos 483 millones de euros “sin que los Presupuestos regionales queden comprometidos”, según dijo Salvador Victoria, y su construcción arrancará en 2015 y culminará en verano de 2019.

Pese a ello, el sindicato también ha reiterado su “desconfianza” por el “secretismo” con el que se ha llevado hasta ahora el proyecto de la Ciudad de la Justicia. Concretamente, recuerda que “cuando apenas hace unos meses se había descartado cualquier posibilidad de retomar el proyecto”, ahora la Comunidad de Madrid ha decidido aprobar su puesta en marcha “sin contar con la participación de los trabajadores y operadores jurídicos”.

“Nosotros conocemos la Administración de Justicia como nadie”, espeta CSI-F, que muestra sus dudas sobre las “posibilidades reales de que este proyecto llegue a buen puerto”, sobre todo porque “la licitación se programa para el 1 de julio, después de las elecciones, cuando el proyecto dependerá de decisiones de un nuevo gobierno”.

En opinión del sindicato, si este proyecto se lleva a cabo “mejoraría significativamente” las condiciones laborales en las que desarrolla su actividad el personal de la Administración de Justicia. Sin embargo, dice que “aparte de la reagrupación de todas las sedes judiciales de Madrid en la Ciudad de la Justicia hay que dotar a los profesionales y ciudadanos con unas buenas infraestructuras y medios de transporte público que faciliten el acceso a las instalaciones”.

Y también recuerda a Ignacio González que “no se conseguirá agilizar la Administración de Justicia sin una mejora significativa en nuevas tecnologías y mayor dotación de personal”. En este sentido, critica que desde enero de 2013 la Consejería de Presidencia y Justicia no ha cubierto unos 550 puestos de trabajo vacantes y repartidos por los juzgados y tribunales de la región, lo que ha provocado que la Justicia madrileña esté “al borde del colapso”.

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