El tribunal rechaza las medidas cautelares que pedían la suspensión de las pruebas e insta al Gobierno de Ignacio González a finalizar el proceso “a la mayor brevedad posible”. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha respaldado las oposiciones convocadas por la Comunidad de Madrid para puestos de administrativos, arquitectos e ingenieros. Este proceso fue impugnado por un abogado del Estado siguiendo una orden del Ministerio de Hacienda, que pedía la suspensión cautelar de las pruebas. No obstante, la justicia madrileña ha rechazado estas medidas cautelares y ha instado al Gobierno de Ignacio González a finalizar el proceso “a la mayor brevedad posible”.
Los más de 6.000 opositores que se preparan para estos exámenes respiran hoy un poco más tranquilos. Aunque todavía falta que el TSJM se pronuncie definitivamente sobre la impugnación formalizada en un recurso contencioso-administrativo presentado por un abogado del Estado en representación de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, dependiente del departamento que dirige Cristóbal Montoro, su negativa a suspender cautelarmente las oposiciones da esperanza a los afectados.
Según ha comunicado la Federación de Servicios Públicos de UGT Madrid en una nota, las oposiciones siguen adelante ya que la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección séptima, del tribunal madrileño ha rechazado la suspensión cautelar del proceso, dando así a la Comunidad de Madrid vía libre para seguir con los trámites necesarios para realizar estas pruebas selectivas.
Algo que han confirmado también desde CCOO Madrid. Concretamente, el secretario general del Sector de la Administración Autonómica del sindicato en Madrid, Javier Díaz Toril, ha explicado a ElBoletin.com que esta Sala se ha pronunciado de urgencia en un auto del 12 de noviembre, y aunque todavía no hay sentencia firme, las oposiciones “siguen adelante” ya que el TSJM entiende que “no ha lugar las medidas cautelares”.
Además, ha señalado que en esta resolución el tribunal insta a la Comunidad de Madrid a aplicar “celeridad” al proceso y hacer las pruebas “a la mayor brevedad posible”. Algo que, a su juicio, demuestra que el TSJM “no va a hacer caso” al Estado y permitirá que finalice el proceso. “Es un recurso sin materia jurídica, no van a paralizar esto”, ha indicado Díaz Toril, que ha anunciado que CCOO seguirá personado en el proceso para “conocer su marcha” y para “apoyar a los afectados”.
El Gobierno impugnó estas oposiciones alegando que el Gobierno de Ignacio González había vulnerado el artículo 70.1 del Estatuto Básico del Empleado Público, que dice que el plazo máximo para realizar los exámenes de unas oposiciones es de tres años desde la convocatoria de las mismas. Hacienda argumentaba que ese plazo se había excedido, aunque los afectados y los sindicatos confirmaron que este tipo de “irregularidades” era habitual, y que se habían dado en otros procesos sin que hubiese impugnación del Estado.
