El sucesor de Gallardón ofrece un gran acuerdo para culminar las reformas pendientes que tanto rechazo han provocando en el mundo judicial. En su discurso de toma de posesión en el Palacio de Parcent, el nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha señalado que retomará e impulsará las reformas pendientes del Ministerio de Justicia “desde el diálogo y el consenso” y han anunciado que analizará y mejorará la ley detasas judiciales que tanta ha polémica ha provocado.
Rafael Catalá ha fijado el “análisis” y la “mejora” en la aplicación de las nuevas tasas judiciales, la revisión del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la reforma del Registro Civil entre sus prioridades al frente del Ministerio.
Catalá, que ha recibido hoy la cartera de Justicia de manos de su antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón, ha agradecido la nutrida presencia que le ha acompañado en este acto y ha expresado su deseo de que sea indicio de una “pronta y estrecha colaboración” entre todos los profesionales del Derecho, algo, a su juicio, absolutamente imprescindible para afrontar los retos que la Administración de Justicia tiene ante sí. El diálogo con muchos sectores se había roto en la época de Gallardón, por lo cual los afectados han recibido con buenos ojos este cambio de actitud.
“Os convoco a alcanzar un gran acuerdo que permita el desarrollo equilibrado de las reformas pendientes”, ha trasladado Catalá a todos los operadores jurídicos, para pedirles su colaboración a cambio de ofrecerles “diálogo, lealtad y voluntad de consenso”.
Catalá, que ha regresado a la que fue su «casa» entre 2002 y 2004 como ‘número dos’ de José María Michavila, ha fijado sus prioridades para este año de legislatura: la revisión del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la “mejora” de los sistemas de justicia gratuita, el “análisis y la mejora” en la aplicación de la ley de tasas, la «mejor versión» final de la Ley de Servicios Profesionales y la implantación de un sistema eficaz y ágil de Registro Civil.
Además, ha prometido aumentar las plazas de jueces y fiscales para dar solución a la situación de jóvenes que salen de la Escuela Judicial y no tienen destino. Aunque no ha citado la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que revoluciona el mapa judicial, sí ha mostrado su compromiso para trabajar a favor de una justicia electrónica, según informó Europa Press.
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