Los afectados piden que la institución que preside Soledad Becerril inste a Botella y a la EMVS a acatar las sentencias judiciales y a prorrogar los contratos de arrendamiento Los abogados de los inquilinos de los 14 inmuebles de Protección Oficial del centro de Madrid a los que la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo ha llevado a los tribunales por negarse a cambiar sus contratos han enviado un escrito al Defensor del Pueblo en el que piden a esta institución que investigue la legalidad de la actuación de la EMVS y del Ayuntamiento de la capital y requiera al Consistorio madrileño, que preside Ana Botella, que acaten las decisiones judiciales y cesen las acciones de desahucio.
En el escrito, los letrados de la Asociación Yo no me voy -a la que pertenecen 185 familias de los fincas situadas en la Carrera de San Francisco, 16, calle Embajadores 46, calle Madera 24-26 y 43, calle San Cayetano 8 y 10, calle Valderribas 91-93-95 y 97, calle San Andrés 21, calle Cava Baja 10, Rivera de Curtidores 5-7, Gran Vía de San francisco 15, calle Ofelia Nieto 49, calle Provisiones 12 y calle Tribulete 11- denuncian al Defensor del Pueblo “una serie de irregularidades” que se están llevando a cabo por la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid y “que imposibilita el uso estable de una vivienda digna de estas familias que tienen suscrito desde hace años un contrato de arrendamiento con la EMVS”.
Los letrados explican a la institución que preside Soledad Becerril que estos vecinos “eran familias afectadas por operaciones municipales de suelo, por lo que la EMVS les adjudicó una vivienda que garantizada el realojamiento adecuado de las mismas”, ya que “los inquilinos afectados estaban en una situación jurídica que implicaba un derecho de realojo al haber sido desalojados de sus viviendas en propiedad o en régimen de arrendamiento”.
Señalan que para que “el derecho al realojo fuese efectivo la EMVS suscribió, en cada momento, un contrato de arrendamiento de vivienda de protección oficial sometido a las condiciones reguladores en la Normativa de Viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública, Real Decreto Ley 31/1978 del 31 de octubre y Decreto 1/1986 del 22 de octubre, Regulador del Arrendamiento de Viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública que establece que los contratos se prorrogarán en períodos bianuales sucesivos, siempre que el inquilino cumpla los exigidos en el artículo 1 del Decreto 100/1986 que es no superar un determinado nivel de renta, 2,5 el salario mínimo interprofesional y no ser titular de una vivienda dentro de la Comunidad de Madrid”.
Y hacen notar que “los vecinos afectados han permanecido en sus viviendas desde la suscripción del contrato de arrendamiento mencionado con la EMVS en algunos casos durante más de 20 años sin que el pacífico uso de sus derecho a la vivida haya sido interrumpido”.
Sin embargo, explican en la misiva, y a partir de diciembre de 2012 la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid comenzó a enviar a los vecinos una serie de cartas en las que se les comunicaba la voluntad de no prorrogar sus contratos y la extinción de los mismos,” y se requiera de manera imperativa a los vecinos firmar un nuevo contrato sujeto a la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos que fija un plazo de duración de 3 años y, por tanto en clara vulneración de los derechos de prórroga forzosa recogidos en el contrato vigente”.
Numerosos juicios de desahucio
Denuncian los letrados de los afectados que “tras las notificaciones y la clara negativa de los vecinos a firmar un nuevo contrato que supone una grave vulneración de sus derechos, la EMVS ha procedido a iniciar numerosos juicios de desahucio”, pero hacen notar que la respuesta de los tribunales ha sido contraria al Ayuntamiento que dirige Ana Botella y ha dado razón a los vecinos.
Para demostrarlo, los abogados de los vecinos informan al Defensor del Pueblo de seis sentencias a su favor que “proclaman de manera indiscutible que los contratos suscritos por los afectados hace varios años tienen una prórroga forzosa” y le comunican que “a pesar de la respuesta de la tribunales, la EMVS continúa enviado nuevos requerimientos de extinción de contrato a otros vecinos y sigue iniciando insistentemente nuevos procedimiento de desahucio”.
Por ello, pide al Defensor del Pueblo que “en el ejercicio de sus competencias legales, investigue sobre los hechos denunciados y sobre la falta de legalidad de la actuación de la EMVS y del Ayuntamiento de Madrid y sobre la vulneración del derecho a la vivienda de los afectados de las mencionadas actuaciones” y piden a la institución que re quiera a la empresa municipal y al Gobierno de Ana Botella que “acaten las decisiones judiciales, cesando en todas las acciones civiles o análogas de desahucio iniciadas”, pidiendo que se proceda a revocar todas las comunicaciones de extinción de contrato remitidas a los vecinos de las fincas afectadas en el que es de aplicación la prórroga forzosa en virtud de la normativa de Viviendas de Protección Oficial”.
