“Se constata que esta empresa está vulnerando los derechos laborales de los trabajadores de Glovo, es decir, estamos ante una actuación auténticamente de falsos autónomos”, ha afirmado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en los pasillos del Congreso. Una actuación ante la que ha dejado claro que “el peso de la ley va a caer” sobre la compañía.
Asimismo, ha denunciado que Glovo “está obstruyendo la labor de la Inspección de Trabajo” y “esto es gravísimo”. “Lo que ha hecho Glovo son dos vías de actuación gravísimas: vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores y obstrucción a la labor de la Inspección de Trabajo”. Ante esto, ha explicado la vicepresidenta, “se ha actuado contra esta empresa regularizando a más de 10.600 trabajadores y trabajadoras y el importe de las multas y de las sanciones es muy elevado, llegando casi a los 79 millones”.
“En un Estado social y democrático de derecho la ley se le aplica a todo el mundo, a esta empresa también”, ha remarcado Díaz.
Para Glovo, «se trata de una resolución unilateral, que implica una propuesta de la inspección, frente a la que la empresa tiene que presentar sus alegaciones, y después de la tramitación de un procedimiento de oficio en el ámbito de la justicia, se analizarán las mismas para en su caso proponer un acta de liquidación y o de infracción».
Según ha precisado la compañía, la multa no está relacionada con la denominada ‘Ley Rider’, ya que el periodo inspeccionado se refiere de 2018 hasta el 11 de agosto de 2021, fecha de la entrada en vigor de dicha ley. .
Asimismo, han resaltado que durante el periodo de inspección, Glovo pidió ampliar y aportar sus pruebas, reflexiones y valoraciones, así como distinta documentación, algo que fue rechazado por la Inspección de Trabajo y pospuesto al momento en el que el acta ha sido presentada.
