Según la citada organización de consumidores, las multas también incluyen otras “prácticas ilícitas”, como el cobro por selección de asiento cuando se viaja con personas dependientes, como discapacitados y niños pequeños y la prohibición del pago en metálico en la compra de billetes en los aeropuertos, así como la “falta de transparencia en la información contractual” sobre precios, que “dificulta la comparabilidad entre ofertas”.
Para Facua se trata de “hito histórico” en la protección de los derechos de los consumidores llevado a cabo desde el ministerio de Pablo Bustinduy. “Han sido casi seis años batallando para lograr que las autoridades actuasen contra unas prácticas por las que las aerolíneas vienen inflando ilícitamente sus beneficios y por fin lo hemos logrado”, ha señalado el secretario general de la asociación, Rubén Sánchez, que ha animado a los usuarios afectados a reclamar su dinero.
Sánchez ha puesto también en valor que “el que fuera director general de consumo del Govern balear en la anterior legislatura, Félix Alonso, decidiese archivar tanto los expedientes sancionadores que había abierto tras las denuncias de Facua contra Ryanair y Vueling como los que inició de oficio después contra EasyJet y Volotea para pedir al Ministerio de Consumo que asumiese las actuaciones a fin de que las multas fuesen mucho más elevadas”.
Esta organización ha advertido de que los consumidores tienen derecho a reclamar la devolución de estos cargos extra y ha señalado que está tramitando numerosos casos en defensa de afectados. En caso de recibir respuesta negativa de las aerolíneas, les insta a interponer denuncias ante las autoridades de consumo de sus comunidades autónomas solicitando sanciones y a acudir a los tribunales. Pueden hacerlo sin coste, ya que para cantidades inferiores a 2.000 euros no es obligatorio acudir con abogado ni procurador.
La multa más alta, para Ryanair
Las compañía objeto de la mayor sanción es Ryanair, detalla en una nota, que la primera que comenzó a cobrar por el equipaje de mano, en noviembre de 2018. Tras ella, Vueling, y a continuación, “a mucha mayor distancia”, EasyJet y Volotea.
Se trata de las primeras multas impuestas por la autoridad de Consumo del Gobierno de España desde que asumió la potestad sancionadora en mayo de 2022.
