12-05-2021 La ministra Portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, interviene en una sesión de control en el Congreso de los Diputados, a 12 de mayo de 2021, en Madrid, (España). Durante el pleno el Ejecutivo se enfrentará a las preguntas de la oposición, entre las que destaca, el futuro del país tras el fin del estado de alarma el pasado 9 de mayo y si se incorporarán o no nuevas restricciones sanitarias. Asimismo, el presidente del Gobierno deberá rendir cuenta de sus planes en lo que resta de legislatura ya que el portavoz de ERC en el Congreso también le interpelará sobre las promesas que tiene que cumplir el Gobierno de coalición hasta 2023. POLITICA EUROPA PRESS/R.Rubio.POOL - Europa Press
Durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso para hablar sobre la reforma del modelo de financiación autonómica, Montero además ha explicado que el Gobierno ha aprobado una partida presupuestaria de en torno a unos 3.100 millones de euros para la liquidación del IVA del año 2017.
«El Gobierno ha tomado la decisión de incluir en los Presupuestos una partida para comunidades que recibirán en torno a 3.100 millones de euros por este concepto que incorpora el capital pero también los intereses. A aquellas comunidades que recibieron un préstamos a tipo 0 para amortiguar esa caída por la falta de recursos del sistema de información del IVA no se les va a obligar a devolverlo y se va a autorizar que esos recursos se utilicen para el gasto que cada comunidad autónoma considere», ha explicado.
El pasado mes de mayo, el Tribunal Supremo dictó dos sentencias en las que obligaba al Estado a devolver a la Junta de Castilla y León y la Xunta de Galicia una parte de la liquidación del IVA. Ahora, Montero ha anunciado que aprobará una partida presupuestaria en el año 2022 para solventar este perjuicio económico.
En su intervención, ha subrayado que la administración central «ha asumido una parte muy importante» durante la pandemia «protegiendo como nunca antes el estado autonómico». «El compromiso del Gobierno es firme», ha manifestado.
En la misma línea, ha admitido la necesidad de reformar el modelo de financiación de las comunidades autonómicas y ha traslado el compromiso del Gobierno para establecer un sistema de financiación «justo» para que todos los territorios reciban recursos adecuados que «pongan fin a los supuestos agravios territoriales».
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