Miles de personas se manifiestan contra «el negocio de la vivienda» y a favor de una huelga de alquileres

La marcha en la capital ha contado con la asistencia de la ministra de Juventud e Infancia del Gobierno, Sira Rego, y ha movilizado a más de 150.000 personas, según el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, mientras que la Delegación de Gobierno de Madrid ha rebajado a 15.000 el número de asistentes.

Se trata de la primera manifestación de carácter estatal por la vivienda digna, ya que se celebra en más de 40 ciudades españolas en una convocatoria organizada por el mencionado Sindicato de Inquilinas e Inquilinos junto al Sindicat de Llogateres de Catalunya y otras organizaciones sociales.

Bajo la premisa de ‘Acabemos con el negocio de la vivienda’ y ‘Bajemos los precios, a por la huelga de alquileres’, la marcha en Madrid ha concentrado a miles de personas al grito de proclamas como ‘Caseros ladrones’; ‘Hace falta ya una huelga de alquileres, hace falta ya una huelga general’; ‘Madrid será la tumba del rentismo’; ‘Rentistas culpables, Gobierno responsable’ y ‘A los rentistas os queremos preguntar, ¿Cuánto tiempo podéis aguantar cuando todas os dejemos de pagar?’.

La portavoz del sindicato de inquilinas e inquilinos de Madrid, Valeria Racu, ha hecho un llamamiento en declaraciones a los medios al «medio millón de hogares cuyos contratos acaban este 2025 a quedarse en casa y resistir».

«Se acabó marcharnos de nuestros barrios, de nuestras casas, o incluso de nuestras ciudades cada cinco o siete años; basta de irnos con la cabeza baja, basta de desahucios invisibles», ha contextualizado en el marco de reclamar la huelga de los alquileres como un derecho.

En ese sentido, ha argumentado que bloques vecinales en lucha contra fondos buitre han logrado bajar en un 30% sus alquileres gracias a las huelgas: «Cuando nos organizamos, somos indesahuciables», ha sostenido Racu, que ha puesto nombre a las entidades contra las que bregan, como Alquiler Seguro, La Caixa y Blackstone, entre otros.

«Hoy además se anuncia la huelga contra La Caixa en la vivienda pública en Cataluña, demostrando que la desobediencia contra el rentismo crece», ha proseguido en este plano para seguidamente enunciar que «las huelgas de alquileres han venido para quedarse» y que el «poder inquilino» no va a decaer.

Racu también ha arremetido contra las instituciones, a las que responsabiliza de la actual coyuntura: «Se comportan como verdaderos buitres en la vivienda pública», ha expuesto para poner el foco sobre la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) y el Plan Vive.

«Si no recuperan las viviendas secuestradas en pisos turísticos y en las casas vacías, las vamos a recuperar nosotras», ha advertido poco antes de declarar en tono solemne que este 5 de abril «empieza el fin del negocio de la vivienda».

«Hoy empieza un mundo mejor, una sociedad mejor sin rentismo, sin este sistema parasitario que devora nuestros salarios, nuestra vida y nuestro futuro; lo tenemos muy claro, el miedo está cambiando de bando y no vamos a parar hasta acabar con el negocio de la vivienda», ha remachado la portavoz del sindicato.

La movilización, apoyada por los sindicatos CCOO y UGT, busca «acabar con el negocio de la vivienda» y hacerlo «todos juntos y en todas partes».

PRESENCIA DE POLÍTICOS

La ministra de Juventud e Infancia del Gobierno, Sira Rego, presente en la manifestación, ha remarcado que esta es tarea de «todas las administraciones públicas» porque es un «problema de país».

En consecuencia, ha defendido que, cuando se cumple con la ley de vivienda en las comunidades autónomas y se aplica el índice de zonas tensionadas, la burbuja especulativa decrece.

A su lado, el secretario general del Partido Comunista de España (PCE), Enrique Santiago, ha puntualizado que la ley de vivienda «ha mostrado sus insuficiencias» porque «las comunidades no están controlando el precio de los arrendamientos» pese a que la ley dispone de los mecanismos para ello.

«El gobierno de España tiene que tomar medidas contundentes», ha encuadrado para deslizar la idea de intervenir ayuntamientos y otras instituciones en pro de aplicar la ley.

Por su parte, los co-coordinadores de Movimiento Sumar, Carlos Martín y Lara Hernández, han apelado directamente a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez: «¿Acaso no puede topar los precios de los alquileres, no puede intervenir el mercado?», han incidido.

Hernández ha considerado al respecto que la vivienda es el elemento en el que se evidencia la desigualdad que existe entre «unos pocos que deciden lucrarse a costa de someter a una gran mayoría social a una situación de vulnerabilidad en la que gran parte del salario se va en un bien esencial».

Por ello, Martín ha resuelto que desde su formación consideran que el Gobierno puede hacer todavía «muchas más cosas» para solucionar esta coyuntura: «Creemos que la solución a corto plazo es topar los alquileres», ha propuesto.

Además, los dirigentes de Sumar han reivindicado su posición contraria a las «empresas de extorsión» que atentan contra el acceso a la vivienda como derecho: «Al igual que en el mercado de trabajo queremos contratos estables, también los queremos en los contratos de vivienda», han apostillado.

En paralelo, la portavoz de Más Madrid en el ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha instado al Partido Popular, que gobierna tanto la ciudad como la región, a aplicar la ley de vivienda para topar los precios de los alquileres en las zonas tensionadas.

Siguiendo con la mira en el ámbito municipal, ha instado al consistorio a triplicar la inversión en vivienda pública y ha exigido el cierre de «los más de 15.000 pisos turísticos ilegales» que operan en la ciudad.

Desde el sindicato enmarcaron previamente estas manifestaciones como una denuncia de la «asfixia» económica que está enriqueciendo a una «minoría rentista» a costa de imponer «precios desorbitados» a una gran parte de la sociedad.

Desde el sindicato de inquilinos piden la bajada «inmediata» del 50% de los alquileres, establecer contratos de alquiler indefinidos, recuperar viviendas vacías, turísticas y en alquiler de temporada para que cumplan una función social, así como poner fin a la compra especulativa, desarticular los grupos de ‘desokupación’, aumentar el parque público de vivienda y disolver Sareb.

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