“Ninguna de sus acciones concluyó en la baja del índice del delito”, sostiene el Gobierno argentino, que afirma que “por el contrario, el pueblo fue testigo de su sesgo ideológico en la defensa discriminatoria de las víctimas”.
De acuerdo a la nota de Justicia, “como resultado de la auditoría interna del Ministerio, se detecto que en el área de la Subsecretaría de Género existía una clara superposición de funciones con distintas agencias gubernamentales que se dedican a la misma tarea”. Esto implicaba, detalla, “un sobre mantenimiento de edificios, estructuras y más de 800 empleados, con distintos sueldos”. “Dinero que al Estado argentino no le sobra”, remarca.
El Ejecutivo argentino remarca que esta decisión se engloba en su “compromiso con la transformación, eficientización y reducción del Estado, continuando siempre con la defensa y protección de la ciudadanía con la violencia”.
