La Fiscalía pide también 48 años y seis meses de prisión para su padre y expresidente de la cervecera Damm. La acusación ya está en el despacho del juez Pablo Ruz. Hasta 14 años de cárcel por fraude pide la Fiscalía Anticorrupción para el presidente de la cervecera Damm, Demetrio Carceller Arce. En la acusación presentada este jueves en el despacho del juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional va también la solicitud de 48 años y seis meses de prisión para su padre y expresidente de la compañía.
En el escrito también se piden penas para otros dos miembros de la cúpula directiva de Damm, además de las propuestas para los Carceller. Se trata de José Luis Serrano Florez, hombre de confianza de Demetrio Carceller Coll -el padre del actual presidente de Damm-, y el asesor Gabriel Ignacio Petrus Labayen. A los tres se les apunta como responsables de trece presuntos delitos contra la Hacienda Pública y un delito de blanqueo de capitales.
Anticorrupción se refiere en su escrito acusador más concretamente a la responsabilidad solidaria de los cuatro acusados sobre una partida de 72 millones de euros que se habría ocultado al ‘fisco’ estatal y al de la Comunidad de Madrid.
La solicitud de penas llega después de que el pasado 11 de septiembre el juez Ruz dictara un auto señalando motivos suficientes como para juzgar a la saga Carceller y algunos de sus más estrechos colaboradores por fraude. Una decisión que apoyaba en los informes elaborados al efecto por la Agencia Tributaria, en los que se observaba la posible ocultación de 42,34 millones de euros entre los años 2001 y 2009 en concepto de IRPF y otros 29,69 millones más en Impuesto de Patrimonio.
El juez considera además que parte de este dinero podría haberse blanqueado luego a través de las muchas inversiones de la familia. Entre ellas, su paquete dominante en la quebrada Pescanova, donde José Carceller Arce -hermano del acusado- se hizo recientemente con el poder en la compañía al colocar en la presidencia a su hombre de confianza: Juan Manuel Urgoiti. En el documento de la Fiscalía se invita al magistrado a que condene también a los imputados a multas por un total de 117,8 millones de euros.
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