La familia Carceller ha salido vencedora de su lucha por el poder en Pescanova contra el expresidente Manuel Fernández de Sousa. Sin embargo, no es tiempo de triunfalismos en casa de los dueños de la cervecera Damm. El juez Pablo Ruz ha acusado a dos generaciones de la familia por un presunto delito de fraude fiscal por el que tendrán que responder ante la Audiencia Nacional.
El nuevo presidente de Pescanova, Juan Manuel Urgoiti, lleva la marca de los Carceller gracias al apoyo de un 70,8% de los accionistas de la pesquera, pero el origen de la fortuna que les ha permitido tener más voz que nadie en la junta extraordinaria en la que se han llevado el gato al agua queda ahora en entredicho. El juez Ruz considera que la multimillonaria fortuna de la familia turolense podría haber engordado desde el año 2001 hasta hoy.
El magistrado de la Audiencia Nacional considera que gracias a una complicada estructura societaria en paraísos fiscales como Panamá, los Carceller habrían escatimado a Hacienda 72 millones de euros que luego habrían blanqueado con sus múltiples inversiones en España. Entre ellas, su mayoritaria participación en Pescanova que este jueves le ha dado la llave del poder gracias a los apoyos de Iberfomento y el fondo Luxempart.
En concreto, accionistas titulares de unos 11 millones de acciones de Pescanova han votado a favor de la propuesta de los dueños Damm a través de una veintena de representantes, que son los que han alzado su mano a favor en la junta de Pescanova que hoy se ha celebrado en su sede de la localidad pontevedresa de Chapela. Ellos son los que han aupado a la presidencia a Urgoiti, expresidente de Banco Gallego y actual consejero de Inditex. Cuyo nombramiento no se corroboraba hasta un consejo de administración de urgencia tras la mencionada junta.
Además de Urgoiti, nuevos rostros llegan al consejo de administración de Pescanova de la mano de los Carceller. En total, cuatro nuevos consejeros independientes: Luis Ángel Sánchez-Merlo, consejero independiente del ‘banco malo’, Alejandro Legarda, consejero de la también cotizada CAF, y Yago Méndez, que hasta ahora prestaba sus servicios en Pescanova como dominical. Un nuevo equipo que, como se han apresurado a recalcar los administradores de Deloitte en la propia junta, no tiene carta blanca, que que sus facultades están suspendidas por el juez que instruye la quiebra de la compañía.
Antes incluso de que se votara una propuesta que pasa por la entrada de cuatro consejeros independientes, el exconsejero Alfonso Paz-Andrade, imputado por la Audiencia Nacional, la había tachado de viciada y había mostrado su apoyo al proyecto de Sousa reclamando “nueva sangre” en la cúpula de la compañía. En este sentido, el plan de Manuel Fernández de Sousa habría pasado por colocar en prominentes puestos de la pesquera al expresidente de FCC, Baldomero Falcones, y a Mariano Pérez Claver, expresidente de NH Hoteles y la antigua Sos Cuétara. El primero de ellos, presente incluso en la junta de accionistas.
La agitada cita a la que Sousa acudía sin el as en la manga de Elena Espinosa, con la que ayer se especulaba en el mercado, y sin una candidatura propia -pues se había mostrado a favor de la propuesta por el fondo Cartesian y apoyada por los minoritarios agrupados en Pescanem- ha contado con la presencia o representación de un 54,8% del capital de Pescanova. Sin embargo, el expresidente había logrado extender su poder hasta el último minuto, con el efímero nombramiento de José María Pérez-Carasa González-Estrada como presidente de la firma.
Su fugaz nombramiento llegaba en un consejo de administración de urgencia celebrado apenas unos minutos antes del comienzo de la junta de accionistas, que arrancaba con un ligero retraso a eso de las 12:44 horas de Pontevedra. Para su llegada a la presidencia, Pérez-Carasa había contado con el apoyo de Sousa y sus consejeros afines, mayoría en el ya destituido consejo, pero minoría en el capital de la compañía, según se ha confirmado después.
José Carceller Arce, hermano de Demetrio -el presidente de Damm y acusado por Ruz de blanqueo de capitales-, conservará su asiento en la mesa ejecutiva de Pescanova. Una suerte que ya no tendrá Sousa, que sin embargo se ha mostrado dispuesto a brindar su ayuda siempre que le sea requerida. Una tarea que a muchos accionistas se les antojaba harto complicada dadas las imputaciones que pesan sobre su persona y su gestión de la compañía: falsedad documental, falseo de cuentas y empleo de información privilegiada. Por si fuera poco, el embargo de bienes pesa cada vez más cerca de su casa si es que no deposita en el despacho del juez Ruz -que también instruye sus posibles irregularidades en la gallega- una fianza de 179 millones de euros.
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