Si es usted una de las muchas personas a las que la inmobiliaria Reyal Urbis, protagonista del segundo mayor concurso de acreedores de la historia empresarial española, le debe su casa, apunte esta fecha en su agenda: el próximo lunes 6 de mayo. Tiene hasta ese día para reclamar, al igual que el resto de acreedores de la compañía, el pago de sus deudas.
El anuncio de la entrada de Reyal Urbis en concurso de acreedores se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la semana pasada y, conforme a la ley vigente, se activó automáticamente una cuenta atrás de un mes para comunicar a sus actuales administradores cualquier deuda que la compañía tenga vigente: préstamos, impagos a proveedores y, por supuesto, viviendas pagadas en su totalidad o en parte y no entregadas. Una comunicación imprescindible para poder recibir el esperado pago, y es que la inmobiliaria arrastra un agujero financiero de 1.724 millones de euros.
Con los datos confirmados hasta ahora, a la espera de ver si con la llamada a acreedores aflorase más deuda, Reyal Urbis cuenta con activos valorados en 2.621,3 millones de euros, mientras que el pasivo asciende hasta los 4.345,4 millones. Si usted es uno de los afectados por la declaración de impagos de la cotizada, además del dudoso honor de figurar en una lista junto a entidades como Bankia, Novagalicia, el ‘banco malo’ o Sareb, la Agencia Tributaria y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), debe comunicar -como éstos- su situación a los administradores que el juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ha designado.
Si bien Reyal Urbis sigue manteniendo facultades de administración de su negocio y de disposición de su patrimonio, todo movimiento queda supeditado al visto bueno de los administradores concursales. A saber, la Agencia Tributaria -Hacienda- y la firma de auditoría BDO, designada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en su nombre. Dos organismos públicos cuya elección justificó el tribunal madrileño por el abultado endeudamiento de la compañía y su considerable impacto en el sector público.
Las pertinentes comunicaciones de deudas deberán hacerse, según lo dispone la normativa española, no al juzgado, sino a cualquiera de los dos administradores por correo ordinario o bien a través de representante. Si se opta por remitir la reclamación a BDO Auditores, la firma a la que Pescanova atribuye el desfalco de sus cuentas financieras, se puede escribir al correo electrónico admon.reyal@bdo.es o bien a la dirección postal Paseo de Recoletos, 37-41; 28004; Madrid. Sea como fuere, antes de la fecha clave del 6 de abril.
El proceso se promete largo y plagado de trámites, por lo que los despachos de abogados expertos en concursos de acreedores aconsejan a los afectados por el hundimiento de Reyal Urbis a contratar los servicios de un profesional. Desde una reconocida marca del sector se reconocía hace pocas semanas que la situación variará en función de si las casas estaban ya construidas o no antes de la declaración de insolvencia y de los tiempos previstos para su entrega por la propia inmobiliaria. Además, de que de llegar a tiempo dependerá en gran medida que ocupen el puesto que les correspondería en el plan ordenado de cobros que diseñe la administración concursal. Si la comunicación llega tarde, la entrega de su vivienda a los afectados puede llegar a considerarse incluso una obligación subordinada a otros compromisos por parte de la compañía.
Las mismas fuentes alertaron de la importancia de determinar para cada caso “el tipo de acreedor y, por tanto, la reclamación correcta que corresponda hacer”, para lo que no se descarta que hubiese que recurrir a un “pequeño procedimiento [judicial] para aclarar quién tiene razón”. Un proceso que muchos ciudadanos de a pie ya tuvieron que atravesar en su momento con los concursos de las también inmobiliarias Llanera, la primera de su sector en quebrar allá por 2007, y Martinsa-Fadesa, triste protagonista del mayor concurso de acreedores del mercado nacional, el único que por el momento aventaja al descalabro de Reyal Urbis
