La entrada en concurso voluntario de acreedores de la catalana Renta Corporación supone el primer gran dolor de cabeza para el ‘banco malo’ desde su creación, allá por noviembre de 2012. Fruto del traspaso de activos inmobiliarios a esta sociedad desde los bancos españoles, es ahora uno de los principales acreedores de la compañía. Ahora, el cobro de deudas queda pendiente de un hilo.
Tal es la magnitud del caso que la Sareb, que es nombre oficial del ‘banco malo’, se ha apresurado a lanzar un comunicado en el que muestra su “mejor disposición” para alcanzar la “solución más idónea” a la mayor brevedad posible. La reestructuración de la deuda de Renta Corporación hasta en dos ocasiones y el trabajo “hasta el último momento” para evitar el concurso no ha sido suficiente a la luz de “la difícil situación que atraviesa el mercado inmobiliario”, defiende la nota.
Llega el momento, dicen los expertos, de barajar opciones más agresivas de las que se habrían debatido hasta el momento. El recurso a la dación en pago, una práctica en la que la catalana ya tiene sobrada experiencia, o incluso una quita de parte de la deuda o de los intereses asociados suenan ya en los mostradores de muchos gestores de carteras. Una opción que se traduciría en ‘enladrillar’ aún más el ‘banco malo’ o asumir que no obtendrá la rentabilidad prometida por parte de los activos vinculados a Renta Corporación.
El primer tropiezo, comentan los más críticos con la figura de la Sareb, de otros muchos que podrían venir mientras el ladrillo siga de capa caída en España. Sin embargo, el peligro de que las arcas públicas no cosechen lo esperado en el río revuelto de Renta Corporación se extiende más allá del ‘banco malo’. También la Hacienda Pública tiene pendiente el cobro de 23 millones de euros por diversos conceptos de parte de la inmobiliaria catalana en la que el marido de María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, cuenta con un asiento como consejero externo independiente.
Junto a Hacienda y la Sareb, la lista de acreedores que ahora aguardan la decisión de los jueces en torno a la situación de la compañía se completa con Banco Popular, ING Real Estate Finance, Deutsche Bank, SAE, Banco Caixa Geral y Caixabank. En total, un pasivo de 185 millones de euros pesa sobre el tejado de la inmobiliaria. La solicitud de concurso llega, defiende la directiva de la compañía ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), “como medida para viabilizar la compañía y como la mejor alternativa para proteger los derechos de todos sus acreedores” tras haber analizado “cabalmente” la situación de la compañía.
La compañía ha anunciado además a Europa Press que prevé formalizar un expediente de regulación de empleo que reduzca su plantilla en “más de la mitad”. Actualmente, Renta Corporación mantiene en nómina a 46 trabajadores.
Quienes también siguen pendientes la evolución de este nuevo concurso en el sector inmobiliario son los accionistas de la compañía. La propia CNMV decretaba esta mañana la suspensión de cotización de sus acciones tras conocerse que en el consejo de administración a celebrarse hoy por la catalana se decidiría la eventual solicitud de concurso de acreedores.
Sus títulos permanecerán congelados mientras no se salga de la actual situación, para frustración de especuladores y oportunistas pillados a un precio unitario de 0,57 euros, su precio de cierre del pasado lunes. Un 6,6% por debajo de lo que su gráfica marcaba a cierre de un 2012 en que Renta Corporación anunció un beneficio neto de 3,6 millones de euros, mejorando en un 9% las cifras del ejercicio precedente gracias al ‘maquillaje’ de una dación en pago que no ha sido suficiente para salvar su balance.