• Unesa cifra en 2.600 millones las pérdidas causadas por el decreto
El incentivo al carbón nacional diseñado por el Ministerio de Industria ha abierto una nueva brecha entre el Gobierno y las eléctricas. Estas compañías, representadas por la patronal Unesa, cifran en 2.600 millones de euros las pérdidas que le ocasionarían su puesta en marcha. No sólo porque las plantas de carbón importado se verían perjudicadas, sino porque las centrales de ciclos combinados de gas serían desplazadas del mercado para dar entrada al mineral autóctono. Por el momento, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha aprobado mantener la paralización del desarrollo de la ley hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre las medidas cautelares que han solicitado las eléctricas contra el decreto aprobado por el Consejo de Ministros el 1 de octubre. Además de la Justicia española, el Tribunal de Luxemburgo también ha tomado medidas cautelarísimas. Frente a esta decisión, la Comisión Europea asegura que su autorización al decreto está “bien fundada desde el punto de vista jurídico”. El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero considera que en España debe existir un sector energético ligado al carbón autóctono y, según han afirmado algunos ministros, defenderá esa decisión política ante los tribunales.
