Amper empalma una ampliación de capital con otra, mientras que en Dogi hay relevo para un histórico accionista. En Abengoa, novedades sobre la negociación para evitar la quiebra. La mejora de rating de Fitch para Bankia no tiene efecto en Bolsa. La nacionalizada cede más de un 2,5% a pesar de que la agencia ha situado su nota en ‘BBB-’ y así abandona ya la denostada categoría de ‘bono basura’.
Además, la estadounidense de calificación crediticia ha apuntado hacia una posible mejora para CaixaBank y el Popular, para los que ha dibujado perspectiva positiva y confirmado las notas vigentes. En ambos casos, las caídas de precio son cercanos al 3% en Bolsa.
En la resurgida Dogi llegan cambios para su mapa accionarial. La familia Doménech, históricos accionistas de la sociedad industrial, han procedido a colocar la mayor parte de su paquete inversor entre institucionales con lo que mantienen en cartera únicamente un 2,4% de la cotizada. Esta desinversión llega un año y medio después de que los gestores de Sherpa Capital se hicieran con el control accionarial y ejecutivo de la compañía.
A los accionistas de Amper les toca digerir ampliación de capital por partida doble. Mientras que este mismo miércoles se estrenan nuevas acciones por un 7,8% de su capital social por compensación de créditos, lo que supone un importe de 27,72 millones de euros, se ha informado de que mañana mismo se pone en marcha la maquinaria para una emisión más de nuevos títulos por cinco millones de euros adicionales. En este último caso, se prevé cubrir la ampliación con aportaciones dinerarias y derecho preferente a los actuales accionistas, con el objetivo de reforzar balance y mejorar la estructura de financiación vía amortización de deudas.
Las negociaciones para el salvamento de Abengoa traen novedades al ecuador de la semana. Mientras que desde Expansión se apunta que la cotizada habría propuesto a sus acreedores financieros y bonistas el control de un 95% de la refundada sociedad previa quita de un 70% a su cartera de deuda, desde Cinco Días se apunta que los bonistas habrían tomado la delantera al poner sobre la mesa 1.000 millones de euros para asegurar la liquidez del grupo en los próximos meses más allá de las necesidades señaladas en su plan de urgencia de negocio.
