Los pequeños accionistas de Pescanova logran asegurarse un 20% de la compañía

La banca acreedora agrupada en el conocido como G7 pierde su batalla por el control casi absoluto de la gallega y no parece en disposición de impugnar la junta. Los pequeños accionistas de Pescanova se han salido con la suya. Su propuesta para el reflote final de la compañía ha cosechado un apoyo mucho más abultado que el de la presentada por los acreedores. Más de un 75% del capital presente o representado en la junta extraordinaria celebrada este martes en la sede de la piscícola los ha respaldado.

A debate, el paso final para el reflotamiento completo de Pescanova. Los acreedores agrupados en un sindicato conocido como G7 -en alusión a su número de integrantes y su poder de influencia sobre el consejo de administración de la firma- habían hecho todo lo posible para que los antiguos accionistas de la compañía quedasen confinados a un testimonial 5% del nuevo capital social de la firma. Pero su propuesta ha quedado relegada.

Después de intentar varias maniobras, los accionistas se agruparon para poder llevar su propuesta a la junta de accionistas celebrada hoy sin necesidad de contar con la complicidad del consejo, al que los bancos habían amenazado con emprender acciones judiciales si presentaba una propuesta alternativa a la original. Para avalar la validez de su plan en el marco del convenio de acreedores aportaron además los informes de dos catedráticos expertos en la materia con los que parecen haber conseguido el apoyo de buena parte de sus compañeros.

Así, su propuesta para mantener un 20% del capital de Nueva Pescanova sin necesidad de afrontar más desembolsos de capital y dejar a los bancos acreedores el 80% restante ha conseguido el apoyo de un 45,33% del actual accionariado de la piscícola gallega. La proposición del G7, que se había votado previamente, tan solo ha logrado el respaldo de un 36,62% del capital, un 61% del presente o representado en la reunión celebrada este martes en la sede de la corporación en Chapela, del municipio pontevedrés de Redondela.

En la documentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se explica que también se ha aprobado la fusión por absorción de las nueve filiales españolas y la segregación de los activos a favor de Nueva Pescanova. La firma que supone el broche final a la reestructuración de la firma dos años y medio después de destaparse el escándalo de su falseo de cuentas nacerá con un patrimonio de 100 millones y una deuda de 1.000 millones.

A pesar de lo abultado de la cifra, esta es fruto de haber aplicado una quita del 75% al pasivo que pesaba sobre la cotizada. Una reducción de deudas que asumirán Banco Popular, el Sabadell, CaixaBank, Abanca -la antigua Novagalicia-, Bankia, BBVA y UBI Banca, que ahora se convertirán en los nuevos accionistas de referencia del grupo. No se espera, además, que impugnen la decisión de la junta a pesar de que hasta la fecha habían hecho todo lo posible por evitar este panorama.

Para el próximo mes de noviembre se espera que ya se haya dado cumplimiento a las propuestas aprobadas hoy, por lo que la vuelta a cotización de la compañía podría darse antes de final de año, tal y como la cúpula directiva de la firma ha anunciado en repetidas ocasiones. No obstante, la decisión final dependerá de la propia CNMV, pues el juez ya ha decretado el levantamiento de la situación concursal.

El presidente de la Comisión de Vigilancia de Pescanova y representante del Popular en la misma, que no es otra que la conocida como G7, Jacobo González-Robatto, ha mostrado su convicción en que una vez celebrada la junta “solo queda avanzar en los siguientes pasos que establecen los convenios, para así poder dotar a la compañía de la estabilidad necesaria”. En esta misma línea, ha defendido que el único objetivo de los acreedores en este tiempo ha sido “la viabilidad y futuro de la compañía, así como los empleos y la sede en Galicia”.

Las declaraciones del banquero a la salida de la junta también se han referido a la intención de devolver a Pescanova a su “papel de liderazgo mundial en su sector”. Un fin para el que ha apelado a que se mantenga la “fundamental” colaboración entre “Xunta, Ayuntamiento, instituciones, acreedores, accionistas y empleados”, mensaje que no parece apuntar hacia la batalla judicial con la que hace muy poco tiempo amenazaban para asegurarse el control casi absoluto de la sociedad.

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