Por el repaso de la prensa online nos enteremos que el sindicato CGT-Madrid de Correos recoge firmas para defender a un cartero que se negó a repartir propaganda antiabortista y al que la dirección de la empresa le ha abierto expediente sancionador.
Desde hace unos meses, el sindicato CGT-Madrid de Correos se está movilizando y recogiendo firmas para defender a un cartero, Eduardo San Juan, que se negó a repartir propaganda antiabortista y al que la dirección de la empresa le ha abierto un expediente sancionador por falta grave o muy grave que podría acarrear hasta el despido de este empleado laboral fijo, unos hechos que denuncia hoy el digital progresista elplural.com.
Este medio online explica que “los hechos que aborda el expediente se remontan a mayo, en el marco de una campaña de la plataforma Derecho a Vivir para presionar al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, con el fin de que restrinja la ley del aborto”.
Aquella campaña incluyó el alquiler de vallas publicitarias con la cara del ministro, pero también se contrató a Correos para que en Madrid se distribuyeran trípticos con los que ‘escrachear’ postalmente a Gallardón.
Y es aquí donde, según explican desde el sindicato CGT elplural.com, se habría cometido una primera irregularidad y un posible “trato de favor” al entender que ese tipo de material debería ir encartado. “Sin embargo se distribuyó abiertamente como Publibuzón, un servicio de publicidad comercial para empresas con una tarifa sustancialmente más barata (7 céntimos por impreso) que el Publicorreo tapado (24 céntimos) y la carta cerrada (37 céntimos) que entienden debería haberse utilizado en un envío ideológico”.
El cartero expedientado se negó a repartir esa propaganda apelando a su derecho a la objeción de conciencia porque consideraba el texto degradante para las mujeres. CGT considera que actuó amparado por el reglamento interno de Servicios postales, que impide el envío de objetos “cuya envoltura o cubierta contenga un texto que vulnere el derecho fundamental de la persona”.
El digital da la versión de Correos que explica “que el expediente por “indisciplina laboral” está en fase de tramitación y no se resolverá hasta que finalice la instrucción, las alegaciones, etc. Consideran que “no hay ninguna norma legal que establezca el derecho a la objeción de conciencia por parte de los carteros” y no hacen comentarios sobre la modalidad del envío o las acusaciones de trato de favor.
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