El conflicto surgido este verano entre el Gobierno español y las autoridades de Gibraltar, que ha provocado una de las mayores crisis diplomáticas entre ambos países, presenta algunos ‘puntos oscuros’ que despiertan suspicacias ante las sospechas de que la tensión se mantenga de manera artificial por una cuestión de política interna.
Por ejemplo, el lanzamiento de bloques de hormigón al mar a principios de mes, que fue el origen de la crisis, resulta que, según Ecologistas en Acción, es una práctica habitual en el litoral peninsular” por lo que creen que el Ejecutivo español la “esté empleando como cortina de humo para otros problemas mucho más graves”.
Según aclaraba Ecologistas en Acción, en un comunicado del que informaba Efe, esta práctica se ha llevado a cabo en distintas zonas de Andalucía el Levante y otras zonas de la Península para crear arrecifes artificiales que regeneren el fondo marino y los caladeros locales, además de impedir la pesca de arrastre “que es agresiva para la conservación del fondo marino”.
Por lo que lo que consideran paradójico que el Gobierno denuncie como delito ambiental y penal una “práctica tan habitual”.
La otra cuestión de la discordia, el hecho de que Gibraltar esté comprando arena y roca para ganar terreno al mar, que en su mayoría proceden de zonas protegidas españolas, pues resulta que hay distintas informaciones que aseguran que son empresas españolas las que están vendiendo estos materiales de construcción con los que que supuestamente las autoridades del Peñón pretenden construir un complejo inmobiliario que ha sido bautizado como Eastside Project o Cabo Privilegiado.
Elconfidencial.com dice que es precisamente una empresa española, la Compañía General de Canteras, la que está suministrando a la colonia británica las rocas y áridos, mientras que . Los ecologistas denuncian en la venta de arena de Tarifa a Gibraltar podrían figurar empresas y autoridades españolas por lo que piden que se depuren responsabilidades “más allá de las banderas y los conflictos políticos puntuales”.
Y es que se da la circunstancia de que son los propios Consistorios españoles los que, al parecer, están permitiendo el uso de la arena de Cádíz, algo que la Fiscalía está investigando. Lo hace después de que Valdemar-Ecologistas en Acción decidió interponer una denuncia contra el Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz) y otros municipios por un delito de «hurto agravado» así como por la presunta comisión de un delito de falsedad en un documento público en relación con la venta a Gibraltar de arena retirada de la duna de Valdevaqueros de la localidad gaditana.